La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que ejerce Antonio Camacho, pidió ayer, una vez más, el archivo de la pieza separada de la causa que analiza si hubo un delito de malversación de caudales públicos en que la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, hiciese gestiones de la actividad profesional privada de Begoña Gómez. Defendió que este ilícito implica que lo cometa un funcionario público y –aseguró– que no puede considerarse que ella lo sea.

De igual forma, tanto el Ministerio Fiscal como las representaciones letradas de la alto cargo imputada y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que representa la Abogacía del Estado, han reclamado el sobreseimiento de las actuaciones en su contra.

El abogado de Álvarez, José María de Pablo, ha querido insist

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