Una mujer que se desempeñaba como presidenta de Junta de Acción Comunal y quien se salvó milagrosamente de un atentado en su contra, fue declarada víctima de desplazamiento y abandono forzado de su predio de 200 metros cuadrados, ubicado en La Cristalina, zona rural de Puerto Gaitán, Meta. En Consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó compensarla con una nueva vivienda a cambio de la que perdió por presión de las autodefensas.

En el año 2010, la lideresa comunal adquirió el terreno que constaba de una construcción en madera con sala, habitaciones y baño, en la cual residía junto con su hija menor. En esa época, la mujer laboraba en servicios generales para una compañía petrolera del sector. Luego, en 2012, cuando as

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