Un reciente estudio reveló que, aunque la mayoría de los países de América Latina cuentan con leyes que garantizan el acceso a la información pública, su aplicación en la práctica sigue siendo deficiente y desigual.

Según los resultados, solo el 44 % de las solicitudes ciudadanas obtienen una respuesta satisfactoria , mientras que en un 40 % de los casos los gobiernos no entregan ningún tipo de información. Estos datos reflejan una brecha importante entre lo que está escrito en la legislación y lo que realmente ocurre en el ejercicio ciudadano.

La falta de respuesta, los retrasos injustificados y el uso de tecnicismos para negar información son algunas de las estrategias que impiden que las personas ejerzan este derecho de manera efectiva. Esto debilita la transparencia gubernamental y

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