**Reforma a la Ley de Amparo: ¿Un cambio necesario o un riesgo?**

Este 1 de octubre, el Senado de la República de México discutirá y votará una reforma crucial a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca digitalizar el proceso de amparo y acelerar los tiempos de resolución, pero ha generado preocupaciones sobre la posible restricción de derechos fundamentales.

La Ley de Amparo es un mecanismo legal que protege los derechos humanos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. Permite a las personas impugnar normas o acciones que consideran violatorias de sus derechos. Sin embargo, la reforma propuesta plantea cambios significativos que podrían afectar su funcionamiento.

Entre los principales cambios se encuentran la redefinición del "interés legítimo", que ahora requeriría que la norma impugnada cause una lesión jurídica real y diferenciada al quejoso. Esto podría dificultar que colectivos y particulares presenten amparos, especialmente aquellos con menos recursos. La restricción de las suspensiones provisionales también ha sido objeto de críticas, ya que se introducen nuevas causales que limitan su aplicación, lo que podría dar más poder a las autoridades.

Además, se propone un Juicio de Amparo completamente digital, con la intención de modernizar el proceso. Sin embargo, expertos advierten que esto podría dejar atrás a quienes no tienen acceso a medios digitales. La reforma también establece plazos específicos para el cumplimiento de sentencias y sanciones a las autoridades que no acaten estas órdenes.

Las audiencias públicas realizadas en el Senado han revelado un amplio espectro de opiniones. El ex magistrado Juan Pablo Gómez ha señalado que la reforma podría debilitar la protección de derechos colectivos, mientras que la coordinadora de GIRE, Luisa Fernanda Tello, ha expresado que limita la defensa de derechos humanos. Por otro lado, algunos defensores de la reforma, como el consejero Raúl Armando Jiménez Vázquez, argumentan que facilitará el acceso a la justicia para quienes menos tienen.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha manifestado su oposición a la reforma. La senadora Verónica Rodríguez Hernández ha declarado que los cambios propuestos dejarían indefensa a la ciudadanía y sugirió que se escuche a los expertos en la materia. La senadora también expresó su preocupación por el control que la administración federal podría ejercer sobre el nuevo Poder Judicial.

La votación de esta reforma se presenta como un momento decisivo en la política mexicana, con implicaciones significativas para la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en el país. Las discusiones en el Senado continuarán mientras se espera una decisión que podría cambiar el panorama legal en México.