DEBATE

En su primer año de gestión, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se ha otorgado ninguna nueva concesión minera en el país. La estrategia, en lugar de expandir la frontera extractiva, se ha centrado en atender conflictos socioambientales heredados y en obligar a las empresas a responder por los pasivos ambientales pendientes.

Uno de los casos emblemáticos es el de Calica , filial de la estadounidense Vulcan Materials , que mantiene un arbitraje internacional contra México tras la cancelación de su operación en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La administración federal fue clara: la zona ha sido decretada Área Natural Protegida y “esa mina ya no se puede explotar”.

El gobierno explora vías de solución antes de que se emita un laudo, entre el

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