**Crisis en la Ley Uber: Nuevos retrasos en Chile** El gremio Alianza In, que representa a aplicaciones de transporte en Chile, ha expresado su "profunda preocupación" por los recientes contratiempos relacionados con la Ley Uber. Esta inquietud surge tras un reportaje que reveló que la Subsecretaría de Transportes (Subtrans) canceló el contrato con la empresa encargada de desarrollar la plataforma de Registro de Empresas de Transporte. Este registro es crucial para la ley, ya que debe contener datos de conductores, pasajes y viajes realizados a través de las aplicaciones. La situación se complica aún más, ya que se espera que una nueva empresa asuma el desarrollo de la plataforma, lo que implicaría comenzar "todo desde cero". Esto podría retrasar aún más la implementación de la ley, que se había previsto antes del cambio de gobierno. Alianza In, que incluye a socios como Uber, Indriver, DiDi y Cabify, advirtió que este proceso no solo es un desafío tecnológico, sino que también requiere un manejo cuidadoso de datos sensibles. En su declaración, el gremio subrayó que el cierre del contrato no solo retrasa la aplicación de la Ley Uber, sino que también genera incertidumbre en el sector, afectando a conductores y a los millones de usuarios que utilizan estas plataformas diariamente. "Lo más preocupante es que, mientras no exista un registro operativo, miles de conductores siguen expuestos a fiscalizaciones e infracciones, a pesar de la falta de condiciones normativas claras", afirmaron. Alianza In también destacó que esta situación es injusta y perjudica a trabajadores y familias que dependen de esta actividad para su sustento. El gremio sugirió que la responsabilidad de este trabajo debería recaer en el próximo gobierno, que deberá abordar el desafío con la seriedad y solvencia técnica necesarias. En cuanto a los costos, la Subtrans había intentado dos licitaciones a través de Mercado Público antes de optar por un trato directo con Concordia Ediciones SpA en agosto de 2024, por un monto de 9.997 UF, además de otros 2.999 UF, lo que totaliza más de $513 millones. Se esperaba que el registro estuviera listo en la primera mitad de 2025, pero la ley ha enfrentado múltiples retrasos y ajustes en su reglamento. La investigación reveló que Concordia había presentado un equipo con profesionales de una empresa que había sido excluida de las licitaciones. Las deficiencias de Concordia llevaron a la cancelación del acuerdo sin que se completara el trabajo. Ahora, se ha seleccionado una nueva empresa, que comenzó a trabajar el 1 de octubre, contratada también por trato directo por $800 millones, con la implementación del proceso supervisada por el Ministerio y no por la Subsecretaría.