El Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 76 votos a favor de Morena y aliados, frente a 39 en contra de la oposición.

La medida busca modernizar el juicio de amparo, limitar abusos en materia fiscal y financiera y fortalecer su uso digital.

Uno de los puntos centrales es que los juicios en trámite continuarán hasta agotarse, pero sujetos a las nuevas reglas.

Opositores denunciaron que esto equivale a una aplicación retroactiva de la ley.

Entre los cambios está la definición más precisa del interés legítimo, para impedir demandas basadas en intereses abstractos, aunque colectivos podrán presentar amparos si acreditan una afectación real.

También se modificó la suspensión del acto reclamado: ya no procederá en casos de lavado de dinero, terrorismo, deuda pública o actividades

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