
La grave situación que están viviendo miles de afectados por las reclamaciones de cobros indebidos del ingreso mínimo por parte de la Seguridad Social , fruto en muchos casos de errores de la administración que les obliga a pleitear en la justicia ordinaria, ha dado una nueva vuelta de tuerca. Mientras Europa investiga al Gobierno por la mala gestión del ingreso mínimo, afectados por estos cobros indebidos están empezando a renunciar a la ayuda para que no les vuelvan a reclamar una deuda que no pueden pagar y convierte incluso a sus hijos en deudores.
Es el caso de una madre de dos menores, que prefiere mantener el anonimato, y que después de pleitear contra la Seguridad Social de Elma Saiz por los reclamos de ingreso mínimo de años anteriores, ahora ha vuelto a recibir una carta del Gobierno en la que le reclaman otros 8.400 euros por la prestación . «Supongo que será por los atrasos que me pagaron, pero no lo sé porque no explican nada. Son mis terceros cobros indebidos. No puedo más. No he vuelto a solicitar el ingreso mínimo. Prefiero pedir limosna que por lo menos no me genera una deuda imposible de pagar», señala.
Como esta madre hay miles de afectados en España por esta prestación. Se trata de familias que solicitaron el ingreso mínimo y se les concedió, pero al año siguiente cuando la Seguridad Social coteja los datos con Hacienda y determina que ha superado los ingresos mínimos exigidos para acceder a esta prestación, les reclama la cantidad abonada con intereses y amenazas de embargo si no se devuelve.
Hay muchos casos que se trata de errores de la administración porque no han tenido en cuanta que los ingresos recibidos en casos es por la pensión de divorcio de las parejas. O en otros casos se ha contabilizado por error como patrimonio la vivienda habitual. El caso es que se generan situaciones a familias donde se les retira la ayuda y se les deja con una deuda que no pueden pagar.
Según se relata en el informe del Defensor del Pueblo, el Gobierno explica que los afectados suman en total un 5% de todas las ayudas repartidas, unos 500 millones de euros, aunque se trata de miles de familias en toda España.
Por eso, además de denunciar en los juzgados a la Seguridad Social, que suele rechazar los recursos previos, los afectados por los cobros indebidos están empezando a renunciar oficialmente a la ayuda. «Pero tenemos casos que han enviado el formulario de renuncia y les siguen pagando el ingreso mínimo, lo que les va a generar más deudas. ¡Es todo un despropósito!», señalan.
Hay casos que han generado esos cobros indebidos por superar el umbral mínimo exigido en la ley para recibir la ayuda porque han trabajado temporalmente, algo que realizan para tratar de salir de la situación en la que se encuentran. Al generar esa deuda, se encuentran sin ayuda, sin trabajo, y con el agujero que les reclama la Seguridad Social. El resultado es que la mitad de los que empezaron a cobrar el ingreso mínimo en 2020 sigue cobrándolo .
Por eso, los afectados se han unido y, con la ayuda de la asociación ATD Cuarto Mundo , han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez en Europa por incumplir la Carta Social Europea por las reclamaciones de estos cobros indebidos. Europa ha aceptado la denuncia y se encuentra investigando en estos momentos. Si condena al Gobierno, éste tendrá que cambiar la gestión del ingreso mínimo.