La Comunidad Andina (CAN) declaró que el Estado peruano incumplió las obligaciones que asumió con la Decisión 774, referida a la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal , y ordenó una serie de medidas para corregir esta situación.

El proceso se inició a raíz de un reclamo presentado por la Coordinadora Nacional de Comunidades del Nanay y siete ciudadanos de la región Loreto, quienes denunciaron que el Perú no ha implementado las normas andinas destinadas a combatir la minería ilegal e impedir el ingreso irregular de maquinaria pesada a zonas de la Amazonía.

Los demandantes adujeron que el Estado, en lugar de aplicar políticas que enfrentan esta actividad ilegal, facilitó la continuidad del daño ambiental en la cuenca del Nanay.

La Secretaría General de la CAN , mediant

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