La Ley de Insurrección, popularmente conocida como Ley de Insurrección de 1807, es un conjunto de estatutos promulgados entre 1792 y 1871 que otorga al presidente de Estados Unidos facultades extraordinarias para enfrentar episodios de desorden civil, suspendiendo temporalmente la prohibición de la ley Posse Comitatus que impide al Ejército participar en labores de seguridad civil, según el Centro Brennan para la Justicia.
El estatuto permite movilizar tropas incluso sin el consentimiento de los estados afectados, aunque algunas provisiones requieren autorización local. Está pensada para crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, otorgando al presidente una discreción casi ilimitada para determinar cuándo y dónde desplegar al Ejército.
A diferencia de la ley