El Consejo de Estado , máximo órgano consultivo para las leyes del Gobierno , cuestiona el registro de medios que el Ejecutivo pretende imponer en su autodenominada Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. La ley se encuentra actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados .

En su dictamen, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Consejo de Estado realiza varias objeciones a la creación de este registro, en el que los medios deberán inscribirse y mantener actualizada la información sobre su estructura de propiedad, el importe anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.

Aunque el Gobierno se remite al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, el Consejo de Estado precisa que éste «no obliga a crear un registro, sino que se limita a exigir la unificación de la información publicada por los prestadores del servicio en una base de datos nacional».

«La precisión no es sólo terminológica, sino también conceptual, pues la publicación de la información tiene como destinatarios a los usuarios de los medios de comunicación y no a las Administraciones públicas», recuerda el órgano consultivo.

Por ello, advierte que «no se trata de crear un registro administrativo de control (un instrumento de policía administrativa) sino de poner en funcionamiento un instrumento de transparencia, al servicio de ciudadanos y empresas, cuya finalidad es facilitar el conocimiento de la información sobre la propiedad de los medios de comunicación».

El mencionado reglamento establece que «para contribuir en mayor medida al alto nivel de transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, los Estados miembros también deben encomendar la creación de bases de datos de propiedad de los medios de comunicación a las autoridades u organismos reguladores nacionales, o a otras autoridades u organismos competentes. Esas bases de datos deben funcionar como una ventanilla única que permita a los destinatarios de los servicios de medios de comunicación comprobar con facilidad la información pertinente en relación con un determinado prestador de servicios de medios de comunicación».

Por otro lado, recuerda también el Consejo de Estado que «en el ordenamiento español no existe actualmente ninguna obligación de registro para el ejercicio de la actividad de prensa» y que «los antiguos registros de empresas periodísticas y empresas editoriales previstos en la Ley de Prensa de 1966 fueron derogados» en 1984.

«Así, la imposición de una nueva obligación de registro podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio de la actividad periodística», contraria precisamente al reglamento europeo que avisa que: «No debe interpretarse que nada de lo dispuesto interfiere con la libertad de información, la libertad editorial o la libertad de prensa, ni que incentiva a los Estados miembros a imponer exigencias a los contenidos editoriales o las publicaciones de prensa».

Asimismo, recuerda este organismo que para imponer una medida así, «que supone una restricción al régimen de libertad actualmente vigente», se tendría que «analizar su proporcionalidad y ofrecer las razones de su justificación».

«Ecosistema democrático»

El Gobierno alega que este registro «no tiene la finalidad de control, entendidos como un instrumento de policía administrativa, sino de poner en funcionamiento un instrumento de transparencia, al servicio de ciudadanos y empresas». «Es decir, de trata de un registro meramente informativo».

En su opinión, «la medida es idónea porque facilita el escrutinio público sobre los actores mediáticos y fortalece la confianza en la información; es necesaria porque no existen alternativas menos restrictivas que logren el mismo grado de transparencia de forma eficaz; y es proporcionada en sentido estricto porque no afecta al contenido editorial ni supone censura, sino que exige una obligación administrativa limitada y justificada, ampliamente superada por los beneficios que aporta al buen funcionamiento del ecosistema democrático y mediático». 

El ministro de Transformación Digital, Óscar López , defendió tras la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros, que se trata de una iniciativa «muy importante que va a tener efectos muy reales sobre la vida cotidiana de mucha gente».

Así, con el pretexto de la transparencia, el registro plantea varios interrogantes, como el control real que podrá ejercer el Gobierno sobre los medios y el relato informativo. La Ley de Prensa de 1966 establecía que correspondía al Estado «la regulación del número y extensión de las publicaciones».