El Partido Popular propone la creación de nuevos «controles antifraude» para que la reagrupación familiar no sea un coladero de inmigrantes. Así se desprende de parte del Plan Migratorio de los populares  al que ha tenido acceso OKDIARIO. Con ello, los de Feijóo pretenden devolver a estos procesos «su carácter excepcional» porque el sistema actual se ha convertido en una «vía opaca» de regularización masiva de ilegales.

Entre las medidas principales que propone el Plan Migratorio del PP, que Alberto Núñez Feijóo presentará el próximo martes en Barcelona, está el endurecimiento de los requisitos económicos que, desde la administración pública, se exige a los inmigrantes. Así, creen en Génova que se podría garantizar que quienes deseen reagrupar a sus familiares en España cuenten con capacidad económica suficiente para asumir su manutención sin recurrir a ayudas públicas.

Los controles a los que se refieren los de Feijóo parten de una revisión exhaustiva de la documentación aportada por las familias a lo que, incluso, se podría sumar la colaboración con autoridades extranjeras para verificar los certificados de parentesco.

Entre los planes del PP está también la inclusión de «controles antifraude rigurosos» para asegurar que la persona reagrupada sea familiar de quienes le acogen. Esto se desarrollaría a través de inspecciones posteriores a la concesión de los permisos de residencia por reagrupación a fin de que se pudieran detectar posibles fraudes o incumplimientos.

Combatir el ‘efecto llamada’

La medida ha sido defendida bajo la premisa de que « contribuir » tiene que ser condición para quedarse. Mediante la misma se esbozó la Declaración de Murcia que el pasado mes de septiembre el líder de la oposición rubricó junto a los barones autonómicos del PP.

En ese documento se sellaron además las bases del que, a partir de entonces, ha sido el discurso migratorio de los  populares con el que Feijóo pretende dar la batalla a la falta de propuestas del Ejecutivo central. Entre sus primeras iniciativas están la de limitar el acceso a ayudas sociales a los inmigrantes ilegales como lo es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital.

Desde el PP fundamentan que esta medida social, que sólo en el mes de agosto ha beneficiado a casi 2,3 millones de personas,  contribuye a que la llegada de ilegales a España sea masiva. En boca del secretario general del partido, Miguel Tellado , no puede suceder que una ayuda que «nació para proteger a quien lo necesita de verdad» se haya convertido en el germen del denominado efecto llamada.

Otra de las medidas contempladas en el pacto tiene que ver con la creación de un visado por puntos que permita el acceso a los inmigrantes para ocupar puestos de trabajo en sectores con déficit de mano de obra y para quienes el conocimiento del idioma o que procedan de países «culturalmente cercanos» sea un plus para poder permanecer en España. 

Ser «ilegal» no da derechos

La  ponencia política del PP aprobada en julio mostraba algunos compromisos en materia migratoria que quedan ahora recogidos en el Plan Migratorio. A modo de convicciones, según el texto de los populares, se ponía de manifiesto su compromiso con « eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes » ilegales para que puedan acceder a prestaciones económicas no contributivas. Una declaración que se resume en el precepto de que «la irregularidad no puede generar derechos».

Así, en este escrito, los de Feijóo ya se posicionaban en contra de que las prestaciones asistenciales no podían generar, por sí mismas, «el derecho a residir legalmente en España». En este sentido, quedaba recogido también el propósito de devolver al arraigo y a la reagrupación familiar «su carácter excepcional» en tanto que el sistema actual se rige por una «vía opaca» de regularización masiva de ilegales «sobre la que el Estado apenas ejerce control».