QUITO (AP) — Más de medio centenar de dirigentes indígenas de la provincia de Imbabura iniciaron el miércoles un diálogo con el gobierno ecuatoriano para poner fin a 24 días de bloqueos de carreteras en el marco de un paro nacional en rechazo al incremento del precio del diésel.

Pasado el mediodía, empezó el encuentro entre el ministro del Interior, John Reimberg, y líderes indígenas, con el apoyo de la iglesia católica y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en un hotel de esa población situada en Imbabura.

No fueron convocados los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que llamó aun paro nacional con cortes de caminos.

El sacerdote Christian Andrade, veedor del acercamiento, dijo a medios locales que entre las primeras demandas indígenas están terminar la represión, la liberación de los detenidos de la víspera y que 12 indígenas detenidos anteriormente, acusados de terrorismo, sean trasladados a una cárcel de Imbabura.

En un primer acercamiento anoche entre autoridades y algunos dirigentes se acordó liberar a una decena de manifestantes apresados en Otavalo, epicentro de las protestas que se encuentra a 60 kilómetros al norte de la capital, lo que permitió una tregua y abrir la mesa de negociación que se cumple esta jornada, confirmaron dirigentes indígenas.

La reunión fue posible luego los enfrentamientos de cientos de manifestantes con efectivos de la policía y fuerzas armadas, que, de acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dejó al menos 50 heridos, algunos de gravedad, y 31 detenidos.

Los manifestantes de Imbabura han estado bloqueando importantes carreteras, incluida la Panamericana, en rechazo a la eliminación de un subsidio estatal que ocasionó que el precio del diésel subiera de 1,80 a 2,80 dólares cada galón. En el resto del país y en las ciudades grandes estas protestas pasaron casi inadvertidas.

La dirigencia indígena ha señalado que los brotes de violencia y ataques de los que les acusa las autoridades son causados por infiltrados que buscan deslegitimar la protesta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó el martes a las autoridades a “establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino" con los manifestantes, e indicó que tomó nota de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y también de los protagonistas de las manifestaciones.

Las protestas en el marco del paro indígena han dejado hasta el momento un muerto, decenas de heridos —entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad— y cerca de 140 detenidos, hasta la víspera. La cifra no fue actualizada por las autoridades. Organizaciones de derechos humanos denunciaron una segunda víctima mortal, a la cual identificaron como el indígena José Guamán.

El gobierno defiende la eliminación del subsidio con el argumento que es necesaria para contrarrestar el contrabando del combustible, el cual permeaba por las fronteras con Colombia y Perú, y asegura que ahora los recursos se destinarán directamente a zonas necesitadas.