El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación este jueves en el Parlamento Vasco a la luz de la polémica surgida tras la visita del partido Falange Española y de las JONS a Vitoria este domingo, coincidiendo con la fiesta nacional del 12 de octubre y tras la cual se produjeron graves disturbios. La Ertzaintza, que ya señaló a la contramanifestación como “fascistas vascos” organizados y que hay un riesgo de rebrote de la “violencia urbana”, ha explicado que este miércoles, con motivo de la huelga a favor de Palestina, esos mismos grupos “alegales” realizaron cinco actos no comunicados, incluidos cortes de tráfico y sentadas, y que la Policía decidió no disolverlas “para evitar males mayores”.

De hecho, Zupiria ha indicado que eso fue la única gran incidencia en la jornada de huelga, que se saldó sin detenidos ni heridos y con 36 identificados por problemas “menores” en la EHU y algunos sabotajes ferroviarios. No ha ofrecido públicamente ante los medios de comunicación los nombres de los grupos “alegales” a los que se refería, pero son del entorno de GKS, según fuentes policiales.

El titular de Seguridad, preguntado por la denuncia de un joven que señala que recibió el domingo en la mandíbula el impacto de un proyectil Sir X (el material antidisturbios de la Brigada Móvil) ha indicado que no disponen de ninguna notificación oficial al respecto, ni policial ni judicial. Alega que no puede acceder a datos médicos. Tampoco está concretado aún qué hechos se imputaran al jefe nacional del que fuera partido único de la dictadura, Norberto Pico, al que se ha abierto un expediente en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como 'ley mordaza') por exhibir símbolos no constitucionales, portar palos y saltarse el perímetro de la zona autorizada para la concentración.

En paralelo, hay otra investigación en marcha a la luz de la nueva normativa vasca de memoria histórica, que prohíbe expresamente la exaltación del franquismo. Fuentes del Instituto de la Memoria (Gogora) indican que solicitarán a la Ertzaintza su atestado definitivo y que, con ello, remitirán un informe a la Fiscalía. Eso sí, “mientras el asunto esté judicializado la via administrativa estará en suspenso”.