El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha decidido archivar el caso conocido como "Cócteles", que involucraba a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. Esta resolución, emitida el 20 de octubre de 2025, pone fin a casi una década de investigaciones y juicios relacionados con presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

La historia del caso comenzó el 8 de marzo de 2016, cuando la Fiscalía inició una investigación preliminar contra Fujimori y su entonces esposo, Mark Vitto Vilanella. Las indagaciones se centraron en cócteles y rifas organizados por Fuerza 2011, que buscaban recaudar fondos para la campaña presidencial. Se reportaron ingresos por 2’125,234 soles, cifra clave en la investigación.

En mayo de 2017, el nombre de Fujimori se vio vinculado a la trama de corrupción de Odebrecht, cuando el expresidente de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, mencionó aportes económicos a las campañas de varios políticos, incluida Fujimori. A pesar de las acusaciones, ella negó cualquier vínculo con Odebrecht y rechazó que su partido hubiera aceptado fondos ilícitos.

La situación se intensificó en agosto de 2017, cuando el Ministerio Público abrió una investigación formal por lavado de activos. A finales de ese año, se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a Fuerza Popular, y Fujimori fue interrogada durante más de cinco horas. En octubre de 2018, fue detenida por diez días bajo acusaciones de encabezar una organización criminal y lavado de dinero, aunque fue liberada tras la anulación de su detención.

El proceso continuó con nuevas detenciones y acusaciones. En enero de 2020, Fujimori fue nuevamente encarcelada, aunque solo cumplió tres meses debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. En marzo de 2021, el Ministerio Público formalizó la acusación, solicitando una pena de 30 años y 10 meses de prisión.

El juicio oral comenzó en julio de 2024, donde se acusaba a Fujimori y Fuerza Popular de recibir 17,3 millones de dólares de fuentes ilícitas. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2024, el TC anuló la acusación contra uno de los implicados y, en enero de 2025, el Poder Judicial desestimó completamente el juicio tras casi diez años de proceso.

La resolución del TC se basó en la violación del principio de legalidad, ya que la figura de "receptación patrimonial" fue incorporada al Código Penal en noviembre de 2016, después de los hechos investigados. El tribunal argumentó que no se puede juzgar a alguien por un delito que no existía en el momento en que se cometió. Además, se destacó que las acciones de Fujimori, como recibir aportes de campaña, no podían ser calificadas como lavado de activos.

El TC también rechazó la acusación de organización criminal, afirmando que la finalidad de un partido político es participar en elecciones, no cometer delitos. La decisión fue adoptada por mayoría, con cinco de los siete magistrados a favor de la anulación del caso. La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, celebró la resolución, afirmando que se reconoció que su cliente fue investigada por hechos que no constituían delito.

Con esta decisión, el TC no solo cierra el caso de Fujimori, sino que también podría tener repercusiones en otros casos de financiamiento político en Perú, abriendo un debate sobre la legalidad de las acusaciones en el contexto político actual.