La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá ha marcado un punto de inflexión en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al declarar como ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas contra el exmandatario en 2018.

El fallo, fundamentado en la vulneración del derecho a la intimidad, sostiene que la orden judicial que permitió las grabaciones se basó en información errónea y no estaba dirigida a Uribe , lo que invalida su uso en el caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

El análisis jurídico del Tribunal, liderado por el magistrado Manuel Antonio Merchán, concluyó que la obtención de las grabaciones constituyó una violación a derechos fundamentales del ex jefe de Estado.

Merchán afirmó que “ hubo vulneración del derecho a la intimidad

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