La abogada Giulliana Loza, representante legal de Keiko Fujimori, ha solicitado al Poder Judicial el archivo definitivo del caso ‘Cócteles’. Esta petición se realiza tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado el hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular. "Nosotros hemos solicitado ya al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que, en cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el numeral 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional, proceda inmediatamente al archivo definitivo del caso, de todos los otros cargos también: falsedad genérica, organización criminal y lavado de activos", declaró Loza en una entrevista. La abogada argumentó que el cargo de obstrucción a la justicia ya no forma parte del proceso, recordando que fue eliminado anteriormente. La decisión del TC dejó sin efecto todos los actos previos de la investigación contra Fujimori, relacionada con la presunta financiación irregular de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. El tribunal, en su resolución, determinó que se habían vulnerado el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia. En el fundamento 96 de la sentencia se aclara: "No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución". Loza también enfatizó que el caso nunca debió avanzar en la vía penal, sugiriendo que los hechos imputados debieron ser considerados solo como infracciones administrativas. Según ella, la acusación por ‘pitufeo’ en la campaña de 2011 no constituía un delito, sino una falta administrativa. La abogada criticó la actuación del fiscal, afirmando que la falta de objetividad en su trabajo prolongó innecesariamente la investigación. "Si no hubiéramos tenido un fiscal que lamentablemente actuó con un criterio totalmente sesgado, este caso no solamente hubiera nacido, no hubiera continuado", expresó. Con la resolución del Tribunal Constitucional, se espera que el proceso penal por lavado de activos, organización criminal y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y otros implicados llegue a su fin. La decisión del TC establece un precedente importante para futuros casos de financiamiento de campañas políticas en Perú, subrayando la necesidad de respetar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de los investigados. El TC ha ordenado que el juzgado correspondiente proceda al archivo del caso en todos sus aspectos, incluyendo la acusación fiscal presentada en julio de 2025. Así, el caso ‘Cócteles’ se aproxima a su cierre definitivo en la vía penal, marcando un hito en la jurisprudencia del país.