LIMA (AP) — La capital de Perú amaneció el miércoles con militares apostados en algunas calles en el primer día de un nuevo estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí que suspendió varios derechos constitucionales, incluidas las protestas, para que la policía enfrente el crimen.

En un decreto publicado en la gaceta oficial, el gobierno prohibió además que dos adultos viajen a bordo de una misma motocicleta, pero en las calles la norma no se cumplía, observó The Associated Press. La policía comenzó también a pedir documentos de identidad en calles y autobuses.

Las autoridades han reportado que varios crímenes se han realizado desde motocicletas. En Lima existen más de un millón de motociclistas que usan esos vehículos para trabajar porque son más baratos en su mantenimiento, según gremios de motociclistas.

“Ya ha habido varios estados de emergencia, las extorsiones siguen, los asesinatos no paran", dijo Manuel Timoteo, un hombre esperaba un autobús en un extremo norte de la ciudad, donde abunda el crimen. “Salen los soldados unos días, se paran con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual”, añadió.

La emergencia incluye la disminución de visitas a los reos, el recorte del suministro eléctrico en las celdas con excepción de la iluminación y la destrucción de antenas telefónicas ilegales cerca de las cárceles.

A una semana de una multitudinaria protesta de la Generación Z que exigía la renuncia de Jerí —con un manifestante asesinado por la policía y otro civil con una fractura craneal grave— el gobierno también suspendió los derechos a la reunión y a la protesta.

El primer ministro Ernesto Álvarez dijo a la televisora Panamericana que más de 3.000 manifestantes juntos necesitan permiso de la policía. “El derecho a la protesta está restringido", dijo Álvarez, quien antes de juramentar calificó a la Generación Z de “banda que quiere tomar por asalto la democracia” y “heredera” del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, un grupo peruano al que Estados Unidos calificó como terrorista hasta 2001.

La víspera, tras anunciar el estado de emergencia, Jerí no aclaró si pedirá al Parlamento que se deroguen seis leyes —por las cuales votó a favor mientras se desempeñó como legislador— que, según los expertos, han debilitado la lucha contra el crimen y que son rechazadas en las protestas.

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre cuando, como presidente del Congreso, tomó el lugar de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Parlamento en medio de un desplome en sus índices de aprobación.

El gobierno de Boluarte decretó en marzo un estado de excepción que se extendió hasta mayo, medida que fue duramente criticada por su ineficacia en el combate a los grupos criminales que extorsionan a los pequeños empresarios y asesinan a trabajadores del transporte público, incluso frente a sus pasajeros.

Perú sufre un aumento en los índices delictivos en los últimos años y la mayoría de las víctimas pertenece a la clase trabajadora. Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos de la fiscalía.