Mientras Cantabria aún digiere el escándalo de corrupción más grave de su historia reciente, el Gobierno regional ha reconocido abiertamente su decepción con las penas pactadas entre los implicados en la trama de Gesvicán y la Fiscalía. «Más allá de las penas, lo relevante es que se devuelva el dinero y se expulse a los corruptos de la función pública», ha declarado el director del Servicio Jurídico del Ejecutivo, Fernando de la Fuente.

Condenas leves para un saqueo sistemático

En una pieza separada del conocido caso Obras Públicas , que salpica a funcionarios de confianza de la etapa de Miguel Ángel Revilla, los acusados han evitado la prisión efectiva a cambio de multas irrisorias y breves periodos de inhabilitación.

Los técnicos de Gesvicán —empresa pública utilizada para amañar contratos—, reconocieron haber recibido al menos 53.000 euros en mordidas . A pesar de ello, pactaron simples multas económicas: Eduardo Suengas y Joaquín Díez , 2.430 euros cada uno, y el compromiso de devolver lo cobrado ilegalmente. Ninguno pisará la cárcel.

Lo mismo se aplica a los empresarios implicados. Ricardo Fernández (Senor) solo abonará 1.350 euros de multa y 4.750 de indemnización. Los hermanos Celis (Rucecan), con condenas ya pactadas en la causa principal de Obras Públicas, añaden otros pagos, igualmente simbólicos.

«Queremos que se devuelva el dinero»

El Gobierno de Cantabria intenta justificar los acuerdos alegando que permitirán recuperar parte del dinero público sustraído. De la Fuente insiste en que los condenados han sido apartados de sus cargos y que no podrán volver a ejercer funciones públicas.

«Sabemos que las penas no son las que muchos ciudadanos desearían. Pero al menos conseguimos que reconozcan los hechos, devuelvan lo robado y no vuelvan a contaminar la Administración», señaló.

Vox, PP y PSOE critican el acuerdo

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Leticia Díaz (Vox) lamentó que se haya instalado en Cantabria una percepción de que «la corrupción acaba saliendo rentable». El PP, por su parte, denunció la falta de transparencia en los acuerdos y la «opacidad de la gestión heredada».

Desde el PSOE, Mario Iglesias también expresó su sorpresa por la flexibilidad de las penas: «Nos asombra que se actúe con tanta manga ancha ante delitos tan graves. Es difícil de explicar a los ciudadanos».

Los datos que indignan

  • Delito reconocido: fraude, cohecho, blanqueo de capitales y actividad prohibida a funcionario público.
  • Multas: desde 1.350 hasta 2.430 euros.
  • Indemnizaciones: entre 4.750 y 16.875 euros.
  • Importe probado defraudado: al menos 53.000 euros entre 2018 y 2022.
  • Prisión efectiva: ninguno de los condenados la cumplirá.

En contraste, el funcionario Miguel Ángel Díez, jefe de Carreteras durante el mandato de Revilla, sí ingresará en prisión tras pactar siete años y un día de condena por la causa principal.

Revilla y el PRC siguen en silencio

Mientras tanto, ni el expresidente Miguel Ángel Revilla ni el actual líder del PRC, Javier López Marcano , han querido pronunciarse sobre el escándalo que salpica de lleno a su etapa de Gobierno.

Con el reconocimiento explícito del Ejecutivo regional de que las penas «son inferiores a las deseables», se extiende la sensación de impunidad institucionalizada en Cantabria. Una tierra donde, como denuncian cada vez más voces, robar al contribuyente sale barato y sin consecuencias penales serias .

Artículo desarrollado con información y análisis a partir de las causas judiciales activas en 2025 y documentación gráfica aportada por este medio.