La Fiscalía se muestra contraria a que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda cautelarmente la orden de detención y prisión contra Carles Puigdemont que mantiene en vigor el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés". Para el Ministerio Público, esa suspensión "ocasionaría la perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido". Y, además, argumenta que el perjuicio irreparable que esgrime el expresident si no se le aplica la medida es hipotético, cuando la doctrina del TC exige que esos perjuicios que se tratan de evitar con la medida cautelar sean "reales, sin que sea posible alegar los futuros o hipotéticos o un simple temor" (a entrar en prisión). No en balde, descarta "el temor a ser detenido como fundamento de una solicitud de

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