Tras la inclusión de Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, e n la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado público rechazando la decisión y calificándola de “ilegal, ilegítima y de carácter neocolonial”. Desde Caracas dijeron que la medida vulnera el derecho internacional y urgieron a los gobiernos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía regional.

El comunicado de la República Bolivariana defendió, además, la gestión de Petro en la lucha contra economías ilícitas y atribuyó la designación a “intereses de mafias transnacionales” con influencia en centros de poder en Washington. El texto consideró que la medida responde más a objetivos políticos que

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