La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado instructor, Ángel Hurtado, de fijar una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se le puedan imponer en el juicio por revelación de secretos que se celebrará contra él a partir del próximo 3 de noviembre.

García Ortiz había recurrido dicha fianza, relacionada con las responsabilidades civiles que pueda generar la filtración del correo electrónico que pudo vulnerar el derecho de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, argumentando que existe una norma por la que se le debería considerar

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