El Tribunal Supremo ha confirmado la fianza de 75.000 euros impuesta por el juez Ángel Hurtado al fiscal general del Estado de cara al juicio por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que empieza la semana que viene. Los jueces de la Sala de lo Penal rechazan el recurso de la Abogacía del Estado, una decisión que llega después de que Álvaro García Ortiz consignara los 150.000 euros que el juez impuso en un primer momento.

El juicio contra Álvaro García Ortiz comenzará el próximo lunes 3 de noviembre ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con la pareja de Ayuso pidiendo cuatro años de cárcel para él . Un juicio de seis sesiones en el que testificarán 40 personas entre periodistas, fiscales, políticos, guardias civiles, abogados y el propio Alberto González Amador con Miguel Ángel Rodríguez, además del fiscal general que comparecerá el último antes de los informes finales y el visto para sentencia.

La pareja de Ayuso pide cuatro años de cárcel para García Ortiz por revelación de secretos pero también una indemnización de 300.000 euros por el “destrozo” que, afirma, supuso para él la filtración de su confesión de fraude fiscal. El juez Hurtado, en un primer momento, abrió juicio oral contra el fiscal general y le impuso una fianza de 150.000 euros, un dinero destinado a afrontar una posible condena económica. García Ortiz consignó ese dinero a través de una de sus propiedades pero reclamó que la indemnización fuera eliminada o, al menos, reducida.

Hurtado dejó ese dinero en la mitad antes de poder recibir un correctivo de la Sala de lo Penal. Admitió el instructor que se había saltado la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este tipo de fianzas y que, por ejemplo, había incluido de forma irregular las posibles multas a las que se enfrenta García Ortiz en este juicio. La nueva cantidad de 75.000 euros, una vez consignado el doble por el fiscal general, fue recurrida por la Abogacía del Estado.

La respuesta de la Sala, a pocos días de empezar el juicio, ha sido rechazar estas alegaciones. La Fiscalía, explican los jueces, es un “órgano del Estado” pero no puede alegarse, como pretendía García Ortiz, que eso exima al fiscal general de pagar una fianza. “Tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza”, explica el auto.