El Tribunal Supremo ha fijado el calendario de los seis días de juicio contra el fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso . Álvaro García Ortiz, el único imputado, comparecerá el último de los seis días de juicio mientras que Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador testificarán a lo largo del segundo día de declaraciones.

El juicio arrancará el próximo lunes 3 de noviembre ante un tribunal de siete magistrados de la Sala de lo Penal. Se alargará durante seis sesiones hasta finalizar el 13 de noviembre con la comparecencia del fiscal general como última declaración antes de los informes finales y el visto para sentencia. En total comparecen 40 testigos entre periodistas, abogados, fiscales, políticos y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Alberto González Amador comparecerá en la tarde del día 4, el segundo de juicio, junto con su abogado Carlos Neira. Esa misma mañana lo hará Miguel Ángel Rodríguez , jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Tres testigos que tendrán que aclarar si autorizaron la difusión de varios correos del fiscal Julián Salto a decenas de medios de comunicación en la tarde del 13 de marzo de 2024.

También comparecerán numerosos fiscales que participaron en el caso de la pareja de Ayuso y que, incluso, estuvieron imputados a lo largo de la causa. Pilar Rodríguez y Diego Villafañe lo harán en la primera sesión de juicio junto con Julián Salto , los tres fiscales que han estado imputados en algún momento durante la tramitación del caso. También comparecerán el día 5, el tercero en el calendario, Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato por la difusión de ese correo entre miembros del PSOE de Madrid en la mañana del 14 de marzo.

El calendario también recoge hasta tres días para escuchar la declaración de varios periodistas, varios de los cuales han afirmado ante el juez Ángel Hurtado que tuvieron acceso al correo horas antes de que esa información llegara a manos del fiscal general. Comparecerá también el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que protagonizó un duro enfrentamiento con la Abogacía del Estado en su testifical, y varios agentes de la UCO que reconocieron no haber tenido en cuenta los bulos de Miguel Ángel Rodríguez en los informes clave del caso.