La detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami ha sacudido el panorama de la corrupción en México. Este empresario, señalado como el líder de una de las mayores redes de empresas fantasma en el país, está vinculado a un desvío de recursos públicos que asciende a aproximadamente 3.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) lo identifica como el eje central de un caso de corrupción que se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto. Álvarez Puga fue arrestado el 24 de septiembre por una inconsistencia migratoria. No contaba con visa de trabajo ni con documentos que justificaran su estancia legal en Estados Unidos. Desde su ingreso al país en enero de 2021, su situación migratoria se volvió irregular tras regresar por vía marítima sin inspección oficial. En julio de 2022, solicitó asilo, alegando temores por sus creencias políticas. Desde el 14 de octubre de 2021, él y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, son considerados prófugos de la justicia mexicana. Un juez emitió órdenes de aprehensión en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Las investigaciones revelan que Álvarez Puga y su hermano Alejandro establecieron un entramado de sociedades a través de su despacho, Álvarez Puga & Asociados, que operó en más de 40 ciudades. Este despacho, que aparentaba ser una firma de asesoría fiscal y legal, creó empresas fachada que simularon operaciones comerciales con organismos oficiales. El principal cliente de estas empresas fue el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. A través de estas entidades, se emitieron comprobantes fiscales digitales a cambio de recursos públicos, que luego se dispersaron hacia cuentas de los involucrados. La FGR sostiene que entre 2016 y 2017, estas empresas realizaron cerca de 1.500 operaciones financieras, desviando fondos destinados a infraestructura penitenciaria y programas sociales. Se estima que cerca de 3 millones de pesos ingresaron directamente a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez Mont. Las cuentas bancarias de la pareja en México están aseguradas desde marzo, y aunque un tribunal había permitido temporalmente el acceso a fondos, esta decisión fue revertida. Mientras se resuelve su situación migratoria, la defensa de Álvarez Puga tiene recursos legales para evitar su deportación. El Gobierno mexicano podría solicitar su extradición, lo que implicaría su reclusión en una prisión federal estadounidense. Además, se ha documentado que la pareja adquirió propiedades en zonas exclusivas de Miami y Palm Beach, incluyendo una mansión valorada en más de 15 millones de dólares. La Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR han identificado estos bienes como parte del posible producto del esquema de simulación fiscal. La vida familiar de Álvarez Puga y Gómez Mont incluye a sus siete hijos, quienes han sido parte de su vida pública en redes sociales. Desde la emisión de la orden de aprehensión, Gómez Mont ha defendido su inocencia, expresando su temor ante posibles abusos en el proceso judicial.