El Gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha un nuevo proyecto de reforma laboral, tras su reciente victoria electoral. La iniciativa, liderada por la diputada Romina Diez, busca modernizar la legislación laboral en Argentina y se presentará en el Congreso para su discusión. Este proyecto, titulado "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", incluye cambios significativos en la relación entre empleadores y empleados.

Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentra la ampliación de la jornada laboral, que podría llegar hasta 12 horas, y la flexibilización de los convenios colectivos. Además, se propone la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas, lo que facilitaría a las micro, pequeñas y medianas empresas cumplir con sus obligaciones laborales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ha enfatizado la necesidad de mantener el equilibrio fiscal para fomentar la producción y el empleo. En este sentido, se prevé la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal para incentivar a los empleadores que contraten nuevos trabajadores, con beneficios que varían según el tamaño de la empresa.

La reforma también introduce cambios en la movilidad laboral, permitiendo a los empleadores modificar las condiciones de trabajo, siempre que no sean irrazonables. Los trabajadores podrán impugnar sanciones disciplinarias dentro de un plazo de 30 días. Además, se redefine el concepto de beneficios sociales, que incluirá prestaciones no remunerativas como almuerzos y servicios de telefonía móvil.

En cuanto a las vacaciones, se permitirá su fragmentación y se garantizará que los trabajadores puedan disfrutar de al menos una semana de descanso en verano cada dos años. También se establece que los trabajadores que estén casados o en unión familiar y trabajen para el mismo empleador podrán solicitar vacaciones conjuntas.

El proyecto busca, además, redefinir el régimen de juicios laborales, limitando los intereses a un máximo del IPC más un 3% anual. Esto se considera crucial para aliviar la carga sobre las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan dificultades económicas.

Sin embargo, la reforma ha encontrado resistencia por parte de la CGT, que ha expresado su rechazo a cualquier intento de modificación que considere perjudicial para los derechos de los trabajadores. Gerardo Martínez, representante de la CGT, ha calificado la reforma como una ratificación del controvertido Decreto 70/23, que ya había sido rechazado por la central sindical.

El Gobierno espera que esta reforma laboral sea un paso fundamental para integrar a más de 8 millones de trabajadores informales a la economía formal, reduciendo costos laborales y promoviendo la inversión privada. Con el respaldo político obtenido en las elecciones, Milei busca implementar cambios profundos en el mercado laboral argentino, marcando un nuevo rumbo en la política económica del país.