Los trabajos parlamentarios apenas avanzan sobre la trama corrupta de Ábalos y se estrellan con sonoros desmentidos en otros temas

El PP utiliza la comisión del Senado como un cajón de sastre contra el Gobierno

El PP ha encontrado en el Senado la razón de ser para controlar a su antojo a Pedro Sánchez y a su Gobierno. Al menos eso intenta el partido de Alberto Núñez Feijóo desde que aprobó una comisión de investigación que no tiene parangón en la reciente historia parlamentaria.

Una comisión única por su funcionamiento: la mayoría absoluta del PP en el Senado impone citaciones en tiempo récord y amplía el motivo de la comisión cada vez que lo necesita. El primer objeto de la comisión se definía en 17 palabras: “Sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia Covid relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre”. Ese texto se ha cambiado varias veces en un año. La cuarta modificación del objeto de la comisión tiene 59 palabras y sirve para investigar casi cualquier cosa: “Sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”.

También es una comisión única por su número de comparecientes: en año y medio han declarado 89 personas (hay otras 100 señaladas). Entre los citados hay ocho ministros; por primera vez se ha convocado a un presidente de Gobierno en ejercicio y ya han pasado por ese órgano de control cuatro presidentes y expresidentes autonómicos socialistas.

Y es, además, una comisión única por los asuntos investigados: desde los negocios corruptos de mascarillas en pandemia, hasta el rescate de Air Europa, pasando por los contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, el fraude del IVA en el negocio de hidrocarburos, la financiación del PSOE o los cursos que dirigía la mujer del presidente en la Universidad Complutense.

Lo que nació con el objetivo de profundizar desde el Senado en la trama de corrupción del ministerio de Transportes se ha convertido en una investigación flexible sobre todo lo relacionado con el exministro José Luis Ábalos y su asesor principal, Koldo García, y, de propina, sobre la causa abierta en los tribunales contra Begoña Sánchez, la esposa de Pedro Sánchez.

Desde la primera comparecencia (Koldo García, 22 de abril de 2024) hasta una de las últimas (Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, 9 de octubre de 2025), los trabajos parlamentarios impulsados por el PP apenas han logrado avanzar en lo ya descubierto por los tribunales sobre la trama corrupta que enriqueció a José Luis Ábalos durante su etapa al frente de Transportes. Los senadores del PP chocaron con la verdad al intentar amplificar corruptelas, muchas sin contrastar, difundidas por medios de comunicación sobre los supuestos negocios ilícitos de Begoña Gómez, sobre el supuesto amaño en el rescate (préstamo de 475 millones) de Air Europa, o los supuestos destrozos de Ábalos en el parador de Teruel durante la noche en la que supuestamente le visitaron en su habitación prostitutas llegadas en furgoneta desde Valencia…

Testigos principales de esos supuestos delitos acreditaron en la comisión del Senado con hechos y datos comprobables que se trataba de bulos muy burdos. Aquí van algunos ejemplos:

La creación de Wakalua para lograr el favor de Sánchez a través de Begoña Gómez

Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, un órgano dependiente de Globalia, propietaria de Air Europa, compareció en la comisión para hablar de sus relaciones con Begoña Gómez. La mujer del presidente colaboró con Lauffer en un proyecto común de Globalia con el Instituto de Empresa. Apoyado en publicaciones de medios acostumbrados a no contrastar sus noticias, el PP acusó a Leticia Lauffer de facilitar negocios de Gómez con la venta de mascarillas en plena pandemia, y acusó a Globalia de montar Wakalua con el único objetivo de conseguir los favores de la mujer del presidente para el posterior rescate de Air Europa. Lauffer desmintió con datos y hechos todas estas premisas falsas.

Primero explicó por qué no era posible vincular la creación de Wakalua con un plan de Globalia para conseguir los favores del presidente del Gobierno a través de su esposa, Begoña Gómez: “Wakalua se crea en 2018, y a Begoña la conocemos en noviembre de 2019, y la pandemia empezó a finales de febrero de 2020. Con lo cual, a mí no me entra en la cabeza que, a día de hoy, con los datos en la mano, piensen que Wakalua se constituyó para acercarse a una señora que es la mujer del presidente del Gobierno, cuando del rescate se empieza a hablar durante o después de la pandemia en 2020”.

Después explicó Lauffer que ni ella ni Begoña se interesaron por el negocio de la venta de mascarillas en plena pandemia.

Pregunta: ¿Qué gestiones realizó para importar mascarillas? Porque, según las informaciones periodísticas, Begoña Gómez hizo gestiones con la entonces CEO de Wakalua, Leticia Lauffer, que es usted, para importar mascarillas y respiradores de China y España en el inicio del confinamiento.

Respuesta: No soy CEO de Wakalua. No hice ninguna gestión para importar mascarillas. Esa es una filtración de una persona que va a tener una querella cuando pase todo esto, que es mi exmarido.

Pregunta: ¿Niega tajantemente que ardía su teléfono constantemente porque llamaban de La Moncloa?

Respuesta. Esas son las interpretaciones de mi exmarido con The Objective.

Pregunta. ¿Quién llamaba a quién, Begoña a usted o usted a Begoña?

Respuesta. No, no. Ni estoy en vuelos, ni he estado en temas de mascarillas, respiradores, ni chinas, ni chinos, ni nada de nada.

Pregunta. ¿Ni habló con Globalia del material sanitario?

Respuesta. Cero, cero.

Pese a las respuestas y explicaciones de Leticia Lauffer, el PP mantuvo hasta el final su tesis conspiranoica.

El rescate de Air Europa sin la intermediación de Ábalos o Sánchez

Bartolomé Lora fue el vicepresidente de la SEPI encargado de gestionar las ayudas del Gobierno para empresas en riesgo de quiebra durante la pandemia. Fue nombrado en 2017 por Cristóbal Montoro y permanecía en su cargo cuando el Gobierno socialista aprobó el rescate de empresas a las que dejó sin actividad la pandemia. El PP le citó en la comisión del Senado para confirmar que el préstamo concedido a Air Europa, con el que la compañía aérea evitó 10.000 despidos por su quiebra, era en realidad un trato de favor por la mediación de Begoña Gómez y por las presiones de Víctor Aldama, que trabajaba para Air Europa, a José Luis Ábalos, al que sobornó anteriormente en otros negocios. Pero todas las hipótesis que los senadores del PP arrojaron sobre Lora fueron desmentidas en la comisión del Senado por el principal gestor de la ayuda concedida a Air Europa.

“Yo lideraba en ese momento el equipo técnico de SEPI”, explicó Lora. “Más por mi trayectoria profesional, soy un técnico de la casa con conocimientos financieros y, por lo tanto, sí intervine en algunas de las reuniones de los expedientes, no en todas, porque fueron al final 30 expedientes y hubo muchísimas reuniones. En el caso de Air Europa, sí estuve en reuniones”, dijo.

Pregunta. Usted, en este rescate, habló con el señor Ábalos de este tema, de este rescate.

Respuesta. Solo he tenido una conversación con él en una reunión que hubo para informar sobre la puesta en marcha del Fondo de solvencia. Esa reunión fue convocada en el Ministerio de Economía y estaba la ministra de Economía y la ministra de Hacienda, el señor Ábalos, y miembros también de Economía. El objeto de la reunión fue contar como se había puesto en marcha el Fondo de solvencia y cómo se estaban aplicando los equipos para poder atender las operaciones. Era un procedimiento administrativo que estaba reglado y los ministros no intervenían en la tramitación de esos expedientes.