El Ministerio de Función Pública y los sindicatos comenzarán la próxima semana las negociaciones para un nuevo acuerdo, tras semanas de tensión en las que las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF habían iniciado un calendario de movilizaciones y habían llegado a amenazar con una huelga de funcionarios . Uno de los ejes centrales de esas conversaciones, que arrancarán la próximo miércoles, será la subida salarial pendiente para 2025 de más de tres millones y medio de empleados y empleadas públicas.

Los sindicatos anunciaron el paso 14 de octubre un calendario de “movilizaciones ascendentes”, con el objetivo de presionar al departamento que dirige Óscar López para iniciar estas conversaciones. Este mismo jueves, las organizaciones sindicales habían convocado concentraciones ante las delegaciones del Gobierno y las puertas del Ministerio de Función Pública.

Los representantes de UGT, CCOO y CSIF han sido recibidos este jueves por la nueva secretaria de Estado de Función Pública , Consuelo Sánchez, y el subdirector de Relaciones Laborales, Eusebio Carlos Jiménez. En la reunión, han fechado el inicio de las negociaciones para el próximo día 5 de noviembre a las 11 horas. Entre las principales prioridades de los representantes de los trabajadores se encuentra la actualización de los sueldos. “Primero, hay que empezar a hablar de la subida salarias para el año 2025, del tipo de acuerdo que queremos y necesitan los empleados y empleadas públicas”, ha dicho a la salida la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, quien ha insistido en que llevan “meses reclamando la reunión”.

“Hoy se han abierto de nuevo las puertas del ministerio con disposición de agenda y de compromiso”, ha celebrado Araque, que ha señalado, no obstante, que este es “el principio, no el final”. “Si no hay voluntad, compromiso, calendario y dinero para la subida salarial y para lo que el acuerdo necesita, no solo para las administraciones públicas, sino también para los ciudadanos y ciudadanas, que se merecen y tienen que exigir unos servicios públicos de calidad, seguiremos con las movilizaciones”.

Sobre la mesa, estará el sueldo de unos tres millones y medios de empleados públicos, pero también otras cuestiones como la eliminación de la tasa de reposición, la reducción de la temporalidad en el sector público y el ajuste a las 35 horas semanales en la Administración General del Estado. Pero también cómo se va a implementar la digitalización y la inteligencia artificial en la administración, algo que preocupa especialmente a los sindicatos.