El juicio contra Álvaro García Ortiz arranca este lunes sin pruebas que demuestren que filtró a la prensa el correo con la confesión de Alberto González Amador y con peticiones de hasta seis años de cárcel

El calendario del juicio al fiscal general: la pareja de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez declaran el día 4 y García Ortiz el 12

Este lunes arranca en el Tribunal Supremo uno de los juicios de mayor relevancia penal y política de la última década. Siete magistrados juzgarán durante seis días a Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general en ejercicio en sentarse en un banquillo, con una incógnita pendiente de sentencia: cómo la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso terminó en los medios de comunicación. Ni el juez Ángel Hurtado ni la Guardia Civil han encontrado pruebas que demuestren que García Ortiz filtrase un documento de escaso valor procesal pero de alto voltaje político: el empresario reconocía y confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros mientras Ayuso y su entorno difundían bulos para hacerle pasar por la víctima de una “cacería” del Estado.

García Ortiz será el último en declarar en un juicio que se remonta a hace un año y nueve meses. Cuando el abogado de Alberto González Amador, presentado entonces por la prensa rosa como un “técnico sanitario” que compartía su vida con Isabel Díaz Ayuso, escribió un correo a un fiscal. Un email en el que admitía que él y sus empresas habían dejado de pagar los impuestos correspondientes por los más de dos millones de euros que ganó en la pandemia ejerciendo de comisionista en operaciones de compraventa del primer maná de la crisis del coronavirus: mascarillas.

Su abogado Carlos Neira es conocido en los tribunales de Madrid por ser un experto en este tipo de conformidades que no evitan una condena pero sí evitan la entrada en la cárcel. “Lo más importante era que no le salpicara a ella”, le dijo entonces Alberto González Amador. “Ella” era Isabel Díaz Ayuso y el objetivo del correo, reconociendo el fraude fiscal mucho antes de lo que es habitual en estos procesos, era ese: cerrar el caso sin ruido, pagando sus deudas y una multa y con una condena simbólica que nadie podría encontrar en los archivos de uno de los 39 juzgado de lo penal de Madrid.

Sus planes se fueron al traste cuando elDiario.es publicó en exclusiva el 12 de marzo de 2024 que había sido denunciado por usar un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar 350.000 euros entre 2020 y 2021. También quedó en entredicho la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid de hacer pasar a su pareja como una víctima de un complot fiscal y judicial de la Moncloa. Fue entonces cuando Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Casa de Correos y veterano de la guerra sucia, puso en marcha un 'plan B': difundir un correo del caso. Un correo manipulado, descontextualizado y aliñado con un bulo para dar a entender que la cúpula de la Fiscalía se había negado a pactar con González Amador para arrastrarlos a él y a Ayuso por el barro de un largo y público proceso judicial. “Todo sucio”, zanjaba el jefe gabinete de Ayuso por si algún periodista tenía dudas de por dónde iban los tiros.

El recorrido del bulo ya es conocido. La Fiscalía General activó el proceso para obtener todos los emails del caso –no solo el que había movido el entorno de Ayuso– y emitió un comunicado al día siguiente para explicar que, en realidad, era González Amador quien había ofrecido un pacto y no al revés. La abogacía madrileña y el empresario fueron a los tribunales y, tras unos primeros meses de investigación en el Tribunal Superior de Justicia con el foco puesto en el comunicado, la causa llegó al Supremo con el fiscal general en la mirilla y un nuevo objetivo: descubrir si fue él quien filtró a los medios ese correo en la noche del 13 de marzo de 2024.

Las diligencias de Ángel Hurtado no han encontrado una prueba fehaciente de quién filtró ese correo, pero sí han ayudado a dibujar con algo de precisión lo que pasó esos días. Cómo Hacienda y la Fiscalía llevaron a González Amador a los juzgados sin saber que era pareja de Isabel Díaz Ayuso. También cómo Miguel Ángel Rodríguez, cargo público, centró sus esfuerzos y recursos en defender a la pareja de su jefa, difundiendo correos tan manipulados como confidenciales. Y, finalmente, cómo media docena de altos cargos de la Fiscalía removieron Roma con Santiago para saber qué había pasado y emitir un comunicado.

El “haz lo que veas” de González Amador

El caso que llega a juicio este lunes en el Tribunal Supremo no es el mismo que arrancó en mayo de 2024 en el Tribunal Superior de Madrid y tampoco el que concibió el juez Hurtado durante ocho meses de instrucción. En un primer momento los jueces analizaron si el comunicado de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 fue una revelación ilegal de datos secretos del caso, con dos fiscales imputados: Julián Salto, que investigó y denunció a González Amador, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid.

De ahí la causa saltó al Tribunal Supremo cuando el propio fiscal general se responsabilizó públicamente del comunicado. Y el foco cambió. El comunicado, dijeron los jueces, no era delictivo porque la confesión de la pareja de Ayuso se había filtrado la noche anterior. Lo que había que investigar era si Álvaro García Ortiz estaba detrás de la filtración.

Hurtado encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrar pruebas en los teléfonos y ordenadores del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid. El resultado, después de constatar que García Ortiz había borrado sus mensajes tras saber que estaba siendo investigado, fueron varios informes que abrían un agujero por el que observar, en falso directo, la locura que se desató en la Fiscalía en la noche del 13 de marzo. Informes que atribuyeron un “papel preeminente” al fiscal general en todo el proceso –expresión esgrimida por Hurtado para justificar la imputación de García Ortiz— y que orillaron un factor esencial del caso: todo empezó con un bulo de Miguel Ángel Rodríguez.

Las testificales del caso han permitido reconstruir lo que pasaba en la Puerta del Sol y sus aledaños en esos días. González Amador entregó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Salto y el jefe de gabinete de Ayuso decidió difundir una versión falsa entre los periodistas que respaldaba el discurso victimista de la presidenta madrileña. El “haz lo que veas” del empresario fue toda la luz verde que necesitó para difundir algo que, una vez obligado a decir la verdad en el Supremo, reconoció que no era información sino, en el mejor de los casos, una opinión. La que publicaron varios medios con forma de hecho contrastado y la que la Fiscalía se lanzó a desmentir.

Las horas clave del 13 de marzo

La causa llega a juicio después de que la Sala de Apelaciones haya dejado fuera del caso a la fiscal Pilar Rodríguez, después también de un silencioso tirón de orejas a Hurtado por afirmar sin pruebas que la filtración se produjo siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno, y finalmente después de algo poco habitual en la larga lista de juicios contra aforados del Tribunal Supremo: un voto particular que defiende que el caso tendría que haber sido archivado.

El centro del análisis estará, a lo largo de las seis sesiones del juicio que arranca este lunes, en el reloj. Los correos muestran que el fiscal general no tuvo en su poder el email con la confesión de la pareja de Ayuso hasta las 21.59 horas del 13 de marzo, horas o incluso días antes de que varios periodistas, según han declarado ellos mismos, tuvieran acceso a su contenido o conocieran, al menos, la realidad de las negociaciones embrionarias entre González Amador y la Fiscalía.

Por el momento el Supremo no ha dado credibilidad o peso suficiente a esas declaraciones que, según la defensa de García Ortiz, desactivan cualquier acusación de revelación de secretos contra él. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el mismo Supremo rechazó investigar a la ministra María Jesús Montero por una acusación similar. Y tampoco han considerado que el hecho de que el propio González Amador y Miguel Ángel Rodríguez fueran los primeros en difundir la existencia de las conversaciones, aunque no ese correo concreto, sea algo relevante. La diferencia, según la Fiscalía, entre que esa información fuera o no secreta a efectos penales.