La formación independentista solo ha tumbado cinco votaciones propuestas por el Ejecutivo y otras siete a PSOE o Sumar, los partidos que conforman la coalición que preside Pedro Sánchez

Las bases de Junts avalan la ruptura con Sánchez con el 87% de los votos

Nunca se sabe con Junts cuál será la vencida, pero el anuncio solemne de Carles de Puigdemont de ruptura de puentes con el PSOE vuelve a dejar la legislatura pendida del alambre. Tras un montón de amenazas implícitas y explícitas y de órdagos que finalmente se desmoronaron antes de hacerse realidad, los independentistas catalanes vuelven a prometer que esta vez sí es diferente y que el Gobierno ya no podrá contar con su apoyo de ahora en adelante. La decisión llega marcada por la coyuntura de su sangría de votos hacia Aliança Catalana, aunque oficialmente se fundamenta en los incumplimientos de Pedro Sánchez y se ha validado con una consulta a sus bases.

“No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya”, proclamó el líder de Junts en rueda de prensa el pasado lunes tras reunir a la cúpula de su partido. La duda es el recorrido real de una afirmación difícil de calibrar por las propias maniobras contradictorias de los siete diputados postconvergentes en el Congreso, que a veces suman sus votos al PP y Vox para asestar golpes al Ejecutivo y otras muchas, la inmensa mayoría desde las elecciones generales de 2023, han respaldado la acción legislativa del Gobierno.

Con la moción de censura descartada, ahora está por ver en qué se traduce la nueva etapa, algo que a juzgar por sus declaraciones públicas no tiene claro aún ni el propio Pedro Sánchez. “Llegan aquí diciendo que han pasado a la oposición y no lo entiendo muy bien, porque ustedes siempre han hecho gala de estar en la oposición”, le dijo el presidente el jueves en el Senado a Eduard Pujol, que antes había arremetido contra el líder socialista. “Usted tiene tendencia a actuar como Houdini, un escapista, o como un trilero. Y eso no ayuda ni a la política ni a usted. No te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria más absoluta. Y, si no, tiempo al tiempo”, le dijo. “El Gobierno cumple con sus acuerdos. En lo que está en nuestra mano, el Gobierno está cumpliendo. Y en lo que no está en exclusiva en nuestra mano, está trabajando”, le contestó el presidente.

Más allá de los discursos afilados contra el Gobierno y la tensión hasta última hora en muchas de las negociaciones, los datos recopilados por este diario demuestran que Junts ha sido un socio más que fiable en estos dos años de legislatura. Si se desgranan todas las votaciones, pierde fuerza la frase que repite la portavoz independentista, Míriam Nogueras: “No formamos parte de ningún bloque”.

De las casi 120 leyes del Gobierno o de Sumar y el PSOE que se han votado a lo largo de esta legislatura en el Congreso, los siete diputados de Junts votaron a favor en 93 ocasiones. Se trata de un 80% de las veces, cuatro de cada cinco. En las últimas semanas, ha habido varios ejemplos importantes: el decreto para establecer un embargo de armas a Israel, el traspaso de competencias de inmigración, que no salió por el voto en contra de Podemos, o la ley de movilidad sostenible.

Al mismo tiempo los independentistas catalanes han tumbado cinco proyectos de ley al Gobierno y siete leyes a PSOE o a Sumar. Sin ir más lejos, este mes los votos de Junts sirvieron para impedir que se empezase a tramitar la ley de la coalición de Yolanda Díaz para crear una oficina anticorrupción, uno de los compromisos de Pedro Sánchez ante el Congreso tras el estallido del caso Santos Cerdán.

Lo que revela también la recopilación de dos años de votaciones es que Junts es bastante determinante para saber si el Gobierno puede sacar una ley adelante o no. En todos los proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso el voto positivo de Junts se tradujo en una votación exitosa, ya sea en una aprobación definitiva o en el primer trámite parlamentario del texto. Y solo una ley de las que llevaron Sumar y PSOE a la Cámara Baja cayó a pesar de contar con los votos de Junts: ocurrió hace poco, con la ley para el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya.

Es un ejemplo paradigmático porque muestra la otra dependencia del Gobierno para sacar las leyes adelante: Podemos. Aquel texto estaba pactado por PSOE y Junts y fue uno de los principales acuerdos entre ambas fuerzas de cara a la continuidad de la legislatura, pero el partido de Ione Belarra vio en esa iniciativa tintes racistas y decidió votar en contra. Aquella derrota enfadó sobremanera a los independentistas catalanes, que han fijado la inmigración como una de sus preocupaciones más importantes, con la ultraderechista Alianza Catalana robándoles cada vez más votos.

No obstante, en ocasiones el voto negativo o la abstención de Junts no ha sido óbice para que las iniciativas salgan adelante. Esta misma semana, el PSOE consiguió que se empezara a tramitar una ley sobre el buen uso de las zonas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad a pesar de la abstención de los independentistas, después de que el PP facilitara su aprobación también con una abstención. Se han dado situaciones parecidas en 11 ocasiones. Lo normal en cualquier caso es que si Junts vota en contra, la iniciativa decaiga: esto ocurrió en 12 de 13 derrotas del Gobierno, en seis de las cuales los siete diputados catalanes fueron clave.

Hasta ahora, Junts no se ha movido, siguiendo una tendencia clara en su apoyo al Gobierno. Las votaciones no muestran un desencanto paulatino ni lo contrario, lo que quiere decir que la formación de Carles Puigdemont ha votado a favor o en contra en función de sus intereses ideológicos o estratégicos en cada ley. Entre el verano y el comienzo del nuevo curso, por ejemplo, Junts votó en contra del decreto con medidas para evitar un nuevo apagón, rechazó la oficina anticorrupción de Sumar y a las entregas a cuenta para las comunidades autónomas (salió adelante con el apoyo del PP).

Sin embargo, en las últimas semanas le ha dado varios respiros al Gobierno con su apoyo por ejemplo al decreto de embargo de armas a Israel, que terminó saliendo a pesar del suspense que Podemos imprimió a esa votación. También respaldó la votación de la ley de movilidad sostenible, en cuya negociación los independentistas se habían involucrado durante la comisión. Y aunque no figura en los registros porque su aprobación definitiva irá en el primer pleno de noviembre, Junts apoyó esta semana el informe de la ponencia de la ley de atención a la clientela del Ministerio de Derechos Sociales, con una enmienda muy importante para ellos que garantiza la atención en lenguas oficiales a las empresas radicadas en Catalunya, Galicia o Euskadi.

Posición de cada partido en cada una de las votaciones finales a leyes propuestas por el Gobierno, PSOE o Sumar en la actual legislatura en el Congreso de los Diputados. Cada línea corresponde a una votación, ordenadas cronológicamente. En rojo, las votaciones que no se han aprobado.

Fuente: Congreso de los Diputados

La mayoría negativa sigue siendo un fantasma

Lo que también revelan los datos en bruto de la legislatura es que Junts no ha usado sus votos para colocarse en el bloque de la oposición que conforman PP y Vox. Sus apoyos a las leyes de los de Alberto Núñez Feijóo son totalmente puntuales, apenas ha votado a favor de sus propuestas, solo en nueve ocasiones.

De 55 leyes del PP, Junts se abstuvo en cuatro y votó en contra en 42. De esos nueve apoyos, sin embargo, hay que descontar uno que no es tal, la votación de las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral del Ministerio de Trabajo, que aparece en esta gráfica porque se votaron a la vez las propuestas de devolución que presentaron Junts, Vox y PP.

Aquella votación ha sido quizás una de las más dolorosas para el Gobierno en general y para Yolanda Díaz en particular. Pese a que desde Trabajo intentaron negociar con los independentistas por varias vías, el partido de Carles Puigdemont fue firme con la posición que siempre mantuvo sobre el proyecto y terminó tumbándolo y frustrando los planes de la vicepresidenta segunda, que había confiado en esa ley como la medida estrella de la legislatura.