La Audiencia Provincial de Cantabria ha fijado para el 28 de noviembre a la una de la tarde la vista para formalizar el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes en el caso Obras Públicas , que investiga la adjudicación irregular de contratos de carreteras por parte de un funcionario de la Consejería de Obras Públicas a varios empresarios del sector.

Se trata del segundo señalamiento que realiza la Sección Tercera del tribunal, después de que la sesión prevista inicialmente para el 31 de octubre se suspendiera por la imposibilidad de comparecencia de uno de los acusados , según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) .

La presidenta del tribunal del jurado , la magistrada Almudena Congil , presidirá el acto en el que la Fiscalía , el Gobierno de Cantabria —que ejerce la acusación particular— y los investigados formalizarán el acuerdo alcanzado tras la instrucción judicial , dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander .

Con la conformidad de los acusados, que reconocerán los hechos y aceptarán las penas solicitadas , no se celebrará juicio y se evitará la constitución de un jurado popular.

Una causa de gran envergadura

El procedimiento judicial, abierto el 18 de octubre de 2022 , ha sido instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander , que el pasado 12 de septiembre dictó el auto de apertura de juicio oral.

La investigación se ha prolongado casi tres años y ha generado más de cien tomos de documentación —56 de trámite y 55 de anexos— y más de doce terabytes de información digital , reflejando la complejidad y magnitud del caso .

El acuerdo de conformidad

El funcionario considerado cabecilla de la trama , Miguel Ángel B. D. , será condenado a siete años y un día de prisión , así como a nueve años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa cercana al millón de euros .

Se le atribuyen delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil , aunque en un principio también se le imputaba prevaricación , lo que podría haber elevado notablemente la pena.

El acusado, que estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su cargo como jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas , ha reconocido los hechos y consignado parte de las cantidades reclamadas para la reparación del daño económico .

Su esposa será condenada a un año y un día de prisión y al pago de 478.513 euros por un delito de blanqueo de capitales en concurso con falsedad documental .

Los empresarios implicados

El acuerdo también contempla penas de entre uno y dos años de prisión para los empresarios que participaron en la red de adjudicaciones irregulares, con las atenuantes de confesión y reparación del daño .

Entre ellos figuran representantes de empresas como API Movilidad , IMESAPI , CANNOR , La Encina y RUCECAN .

Estos procesados, además de las penas de cárcel, deberán abonar multas de 1.800 euros y quedarán inhabilitados durante tres años y ocho meses para obtener subvenciones, ayudas públicas o contratos con la Administración , así como para beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social .

Responsabilidad civil y perjuicio económico

El daño económico total causado al Gobierno de Cantabria se ha cifrado en más de 1,6 millones de euros , cantidad que los acusados deberán reintegrar íntegramente .

Más de la mitad de esa cuantía (749.648 euros) corresponde al funcionario principal, considerado el responsable directo de la manipulación de expedientes y adjudicaciones.

Según la investigación, los contratos amañados incluyeron proyectos como los puentes de Somo y Pontejos , o la pasarela de Solvay , entre otras obras públicas, en las que se falsearon los procedimientos de contratación y evaluación de ofertas .

El funcionamiento de la trama

El escrito de acusación describe que el funcionario, “prevaliéndose de su posición” , se concertó durante años con empresarios del sector para favorecerles en la adjudicación de contratos públicos a cambio de pagos y dádivas ilícitas .

El acusado “adulteró sistemáticamente los procedimientos de contratación” de la Dirección General de Carreteras, elaborando pliegos, informes y propuestas de adjudicación “de forma arbitraria y orientada a beneficiar a las empresas que participaban en la trama”.

“Todo el proceso respondía a un interés económico recíproco: las empresas obtenían contratos públicos de forma reiterada y el funcionario recibía remuneraciones y favores por su proceder irregular”, recoge el escrito de conformidad.

La investigación detalla que el patrimonio acumulado por el funcionario y su familia era “desproporcionado” respecto a sus ingresos , y aunque no se ha podido acreditar con exactitud el monto total de los sobornos, sí se considera que las retribuciones ilícitas se prolongaron durante años .

Una trama que evitó el control administrativo

Según la instrucción judicial, los implicados crearon una estructura organizada para manipular los procedimientos de contratación y evitar la detección de irregularidades.

El funcionario elaboraba pliegos técnicos y económicos a medida , manipulaba los criterios de valoración y emitía informes favorables falsificados , asegurando la adjudicación de los contratos a las empresas cómplices.

A cambio, recibía dinero en efectivo, regalos y beneficios personales , canalizados en parte a través de sociedades de su entorno familiar .