Tras meses de “ataque difamatorio” y cerca de 400 folios de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresa su “satisfacción” ante lo que considera la resolución de un “ataque difamatorio con insidias, falsedades, vileza” del que se han hecho eco, “incluso amplificado, partidos políticos”, aunque admite que el “daño es irreparable”. El expresidente canario ha anunciado una nueva demanda contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión al honor, la intimidad y la imagen, y ha exigido al PP que se disculpe: “Hay cuestiones que sobrepasan las líneas de la política”.

“Después de la lectura pormenorizada de este informe se concluye que en ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías en Canarias que yo quisiera introducir de manera ilegal”, ha expresado Torres en una comparecencia en la sede del ministerio anunciada una vez que el informe se ha conocido en su totalidad. “A diferencia de otros informes, no hay ningún añadido en que le pida al juez que investigue”, ha afirmado el ministro, que ha recordado que el Supremo ha enviado a juicio el caso de las mascarillas sin que a él le haya afectado: “No hay ninguna actuación delictiva por parte del Gobierno que tuve el honor de presidir”.

“Hemos tenido que aguantar una persecución política y mediática”, ha dicho el socialista, especialmente dolido por el daño a su familia. “Ahí está todo”, ha dicho sobre ese informe. El ministro descarta que haya más investigaciones judiciales que le puedan afectar y recuerda que sólo hay un mensaje con Víctor de Aldama en el que se reconoce que se vieron “un momento” y que posteriormente le envió un mensaje en el que “se presentaba”. “Sin embargo, me acusó de usar pisos, de tener reuniones sobre refinerías y cuestiones graves”, ha añadido el ministro: “Las razones por las que me atacaba en lo político las desconozco”. Ahí es donde entra en juego la nueva demanda que va a presentar contra él.

Torres ha argumentado que la empresa Soluciones de Gestión S.L, que facilitó el material sanitario, no llegó a través del “presidente de Canarias”. “Yo intervengo meses después”, ha admitido antes de recordar que no se había pagado a esa compañía a pesar de que el contrato establecía que el 50% se abonaría antes de que llegaran las mascarillas y el 50% restante, después. “Estábamos incumpliendo un contrato”, ha señalado tras asegurar que su intromisión no tenía que ver con cesar a la funcionaria que estaba poniendo pegas para pagar ese contrato porque era más elevado que otros.

Sobre la intermediación de Koldo García, la ha justificado en que era un “asesor” del Ministerio de Transportes que es el departamento con el que tenía la relación y en que lo utilizó en su afán de convencer al Gobierno de Pedro Sánchez, y especialmente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que relajara las restricciones por la COVID-19. En concreto, se ha referido al “interés general” que defendía respecto a que se pudiera viajar a Canarias con un test de antígenos positivo, un asunto que acabó en el Constitucional. Finalmente se permitió abrir el archipiélago en Navidad con las preceptivas pruebas PCR.

“Estábamos en la más absoluta ruina. Necesitábamos que volviera el turismo”, ha dicho Torres, que ha reconocido los “importantes desencuentros” que en ese momento tuvo con Illa.