Perder una vivienda subsidiada por el Estado no solo implica quedarse sin techo, sino también enfrentar graves consecuencias patrimoniales y legales. Emblemático es el reciente caso de una mujer en Arica, que deberá devolver $50 millones por no habitar el inmueble que adquirió con subsidio habitacional.
De acuerdo con la normativa del Serviu y el Minvu , los beneficiarios deben cumplir estrictamente con las condiciones de uso, ocupación y destino habitacional establecidas en el DFL N.º 2 de 1959 y sus reglamentos complementarios.
Entre los motivos más comunes que llevan a esta situación están:
No habitar personalmente la vivienda
Arrendar o vender antes del plazo legal de cinco años
Usar el inmueble con fines comerciales
Entregar información falsa durante la postulación
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