El futuro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia se encuentra en el aire, paralizado por la falta de consenso en el pleno del Ayuntamiento. Esta situación no solo retrasa la aplicación de medidas clave para la calidad del aire, sino que también expone a la ciudad a una penalización económica superior a los 136 millones de euros si no cumple con la normativa europea antes del 1 de enero de 2026 . La ciudad se enfrenta a la devolución de 58 millones de euros de fondos europeos , una multa por el mismo importe y la pérdida de otros 20 millones dependientes del Gobierno de España.

Guerra política a contrarreloj

La ordenanza que debía regular la ZBE fue rechazada en el último pleno municipal . Sorprendentemente, los votos en contra unieron a

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