Desde finales de 2024 existe una serie de resolutivos judiciales y administrativos que obligarían a regresar a México los alrededor de 14 mil millones de pesos del patrimonio de la (FMSJ), además de obligar al organismo a establecer en Puebla su domicilio fiscal y restituir a Guillermo Jenkins de Landa como consejero de dicha organización. Sin embargo, seis miembros de la propia familia Jenkins han interpuesto ocho amparos que han impedido que se ejecuten las sentencias.

Al mismo tiempo, esos amparos han frenado que se hagan valer las órdenes de aprehensión que existen contra los seis de miembros de la familia Jenkins que, en el año 2013, fueron acusados ante entonces Procuraduría General de la República de sacar del país los más de 720 millones de dólares que forman el

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