El Gobierno de Javier Milei ha dado un paso significativo en la desregulación de la industria vitivinícola al derogar 973 normas que imponían controles en diversos procesos de producción. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 37/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y busca simplificar la regulación de toda la cadena vitivinícola, desde la producción hasta la comercialización y exportación de vinos y productos derivados de la vid.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ha sido el encargado de impulsar esta reforma, que se aplicará de manera obligatoria en todo el país. Carlos Tizio, presidente del INV, destacó que el nuevo régimen tiene como objetivo fortalecer la transparencia y el control efectivo en todas las etapas de la actividad vitivinícola. La resolución elimina regulaciones consideradas obsoletas y sistematiza las normativas vigentes, algunas de las cuales datan de 1981.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la reforma en sus redes sociales, afirmando que "dejamos atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo". Sturzenegger subrayó que la Argentina produce aproximadamente 900 millones de litros de vino al año, generando ingresos cercanos a 800 millones de dólares en exportaciones. Sin embargo, también advirtió sobre la caída sostenida del consumo global de vino, lo que hace necesario otorgar a la industria la flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante.

La nueva normativa implica que el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción, como la cosecha y la elaboración, para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados. Esto significa que los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen y añada, serán optativos y podrán ser gestionados por los propios productores o entidades privadas.

Sturzenegger también mencionó que, en 2024, el INV emitió 140,000 permisos de tránsito y realizó más de 5,000 inspecciones, lo que evidenciaba un régimen burocrático excesivo. "La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas", afirmó el ministro.

Con esta reforma, el Gobierno busca no solo reducir la burocracia, sino también cerrar la puerta a la corrupción, permitiendo que los inspectores solo tomen muestras de los productos embotellados para su análisis. La medida ha sido recibida como un cambio necesario para revitalizar la industria vitivinícola argentina en un contexto de transformación del mercado global.