Más de un año ha pasado desde el trágico 29 de octubre, cuando 229 personas perdieron la vida en Valencia debido a inundaciones. En ese momento, el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, se encontraba en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Aunque el contenido de su reunión no ha sido revelado, nuevos documentos judiciales han sacado a la luz detalles preocupantes sobre la gestión de la alerta de emergencia.

La Generalitat Valenciana tenía un borrador de mensaje de alerta a las 18:37 horas, pero el mensaje definitivo no se envió hasta las 20:11, cuando Mazón aún no había llegado a la reunión del Cecopi. A las 17:00, el presidente en funciones fue informado sobre la posibilidad de enviar mensajes a los móviles de las zonas afectadas. El primer borrador, enviado por Juan Carlos Cuevas, jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, instaba a la población a "permanecer en sus domicilios" debido a las fuertes lluvias.

El mensaje inicial no incluía la crucial recomendación de buscar refugio en pisos altos, una medida que se volvió esencial ante el riesgo de riadas. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la investigación, ha calificado el mensaje enviado a las 20:11 como "tardío y de contenido errado". En lugar de advertir a la población sobre la necesidad de ponerse a salvo, el mensaje recomendaba "cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia".

La alerta se amplió a toda la provincia, incluyendo áreas que ya estaban sufriendo inundaciones severas. Según datos oficiales, 193 de las 229 víctimas fallecieron por el desbordamiento del barranco del Poyo. Además, la Conselleria de Emergencias confirmó que el subdirector, Jorge Suárez, había informado al Cecopi a las 17:00 sobre la posibilidad de enviar mensajes a los móviles de Utiel, pero este aviso nunca se concretó.

En un giro impactante, una acusación popular ha solicitado la inclusión de un vídeo en el que Salomé Pradas, consellera de Interior e imputada, informa a Mazón sobre la situación crítica tras su llegada al Cecopi a las 20:28. En el vídeo, Pradas describe la situación como "una explosión meteorológica nunca conocida en años". Este material, grabado por À Punt y emitido en un documental, no fue enviado al juzgado por la radiotelevisión valenciana.

Hasta la fecha, la jueza ha tomado declaración a más de 350 personas y considera que la gestión de la alerta y la falta de instrucciones precisas son fundamentales para entender la tragedia. El retraso en el envío del Es-Alert y su contenido se han convertido en el eje central de la investigación en curso.