El número de personas que han sobrevivido a la ruta canaria en lo que va de año se ha desplomado un 58,6%. Entre enero y octubre han sido rescatados, según los datos del Ministerio del Interior, 14.099 migrantes a bordo de 231 embarcaciones. En el mismo periodo de 2024, la cifra ascendía a los 34.087 supervivientes localizados en 506 barcazas. Los grandes protagonistas de esta travesía mortal han sido los cayucos mauritanos. De este modo, Mauritania se ha convertido en socio estratégico de la Unión Europea y de España para frenar la inmigración irregular. Los acuerdos han conseguido su propósito: el número de llegadas ha caído. Sin embargo, investigaciones recientes han arrojado luz sobre la cara oculta de la vigilancia fronteriza y han destapado las vulneraciones de derechos que sufren quienes intentan salir del país.

Apenas 700 kilómetros separan Canarias de una de las principales ciudades de Mauritania, Nouadhibou. El aumento de las salidas desde este país hicieron que la Unión Europea anunciara en marzo del año pasado 210 millones de euros para el régimen mauritano con el propósito de reforzar la vigilancia de fronteras. “Esto es parte del enfoque de externalización fronteriza en curso de la UE en África: buscar evitar las llegadas irregulares a Europa subcontratando los controles migratorios a los países de origen y tránsito”, explica la organización Human Rights Watch (HRW) en su último informe. 

Este control no siempre se hace con garantías. El estudio, titulado “Me acusaron de intentar ir a Europa”: Abusos de control migratorio y externalización de la UE en Mauritania , recoge las ''continuas violaciones de los derechos de los migrantes'' perpetradas por las autoridades mauritanas encargadas de cumplir con los controles migratorios por tierra y por mar. Human Rights Watch ha documentado entre 2020 y 2025 decenas de casos de tortura, violación, acoso sexual, arrestos, detenciones arbitrarias, extorsiones, confiscación de dinero, expulsiones colectivas y condiciones de detención inhumanas. 

Cárcel de migrantes de Ksar, en Nouakchott, la más grande de Mauritania.

Los niños tampoco han escapado a esta violencia y han sufrido detenciones, malos tratos y falta de alimentos. Las 78 víctimas entrevistadas por HRW eran negras y subrayaron que el racismo jugó un papel clave en el maltrato que sufrieron. “Si tienes piel negra, no te respetan, te insultan y te quitan los papeles”, dijo un migrante senegalés. Entre los testimonios recogidos en la investigación está el de una mujer de 43 años que señala a un policía por pedir dinero a los migrantes a cambio de no expulsarlos y “obliga a las mujeres a dormir con él… o [se enfrentan] a la deportación”.

La investigación registra también diferentes casos de tortura. Las víctimas fueron acusadas de contrabando de migrantes. Mamadou (nombre ficticio), de nacionalidad mauritana, cuenta que la policía lo torturó durante tres días en una habitación privada. “Empezaron a azotarme con cables en la espalda. Me abofetearon la cara”, dice su testimonio. “Tenían un cable eléctrico y me impactaron con la corriente”, añade.

Los centros de detención

Tanto la investigación de HRW como la publicada recientemente por la Fundación porCausa y ‘El Salto diario’ recogen que las autoridades realizan redadas y detienen de forma arbitraria a personas negras. Los detenidos son abandonados en las desérticas fronteras de Senegal y Malí, obviando en este último caso la elevada presencia en la zona de la organización yihadista JNIM, filial de Al Qaeda en El Sahel. Muchas de estas expulsiones se han producido de forma colectiva, sin evaluar las circunstancias individuales de cada persona y si se trata o no de solicitantes de protección internacional.

Mauritania recibe a cientos de malienses que escapan de un país que lleva en guerra más de una década. En muchos casos, este país no es solo un lugar de tránsito, sino también de destino para refugiados del norte y del centro de Mali, atravesado directamente por la guerra.

Migrantes detenidos en la cárcel de migrantes de Ksar, Nouakchott (Mauritania)

En otros casos, los migrantes son arrestados en centros en condiciones de hacinamiento, con uso restringido de los baños y con “poca o ninguna comida”. Ibrahim Kamara, un joven de 23 años de Sierra Leona, fue internado en la cárcel de Ksar en agosto de 2022: “[La policía] me golpeó mucho y no me dio comida. Me trataron como a un animal. Cuando quería ir a orinar [o] hablar con un oficial, me golpeaba la mano o la espalda”.

Mauritania cuenta desde el pasado 17 de octubre con dos nuevas cárceles para migrantes gracias a la financiación de un proyecto europeo. Los dos centros han sido rehabilitados por la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La dirección de estos espacios, inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Canarias, corresponde a la Policía de Mauritania y en ellos podrán pernoctar menores de edad y bebés lactantes.

El primer centro tiene 107 plazas y estará en Nouakchott, la capital del país. El segundo está en Nouadhibou y tiene capacidad para 76 personas. La apertura de estas cárceles requirió un desembolso total de al menos 1.080.625 euros de fondos europeos. Preguntada por este periódico, desde la FIAP apuntan que la supervisión de derechos humanos dentro de estos espacios corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos mauritana. 

“Dentro de los centros estará la Media Luna Roja para la gestión de las personas, la Instancia nacional de lucha contra la trata y el tráfico de personas mauritana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur para identificar a las personas que puedan tener protección internacional”, sostienen desde la FIAP. 

Para abrir estos centros, las autoridades mauritanas se desplazaron a Gran Canaria y El Hierro para conocer “de primera mano” el modelo. A diferencia de los campamentos instalados en España, en Mauritania sí podrán pernoctar en los CATE niños e incluso bebés. Entre el mobiliario adquirido para equiparlos, según la documentación consultada por este periódico, hay cuatro cunas, dos para cada recurso. El objetivo, según la FIAP, es mantener unidas a las familias.