Un día de septiembre de 2022, dos compañeros de trabajo del taxi se encontraron, después de descargar a sus clientes, en las inmediaciones de dos conocidos hoteles de Platja d'en Bossa y decidieron, como de costumbre, tomarse juntos un descanso. Se dirigieron hacia al aparcamiento cercano de otro establecimiento hotelero para evitar ser requeridos por ningún pasajero. Entonces, Manuel (nombre ficticio) le espetó a Maria (nombre también ficticio) que había llegado el momento de “comerse la boca”. Ella ignoró el comentario, pero acto seguido su compañero le pidió que se quitara la riñonera que llevaba puesta para guardar la recaudación, a lo que ella de inmediato se negó.

Lo que no se esperaba era que el taxista se la arrebatara de un tirón antes de abalanzarse sobre ella mientras la inmovilizaba encima de la luna delantera de un vehículo e intentando besarla. Maria insistía en que la dejara, mientras él continuaba apretando su cuerpo contra el de su compañera con fuerza y emitiendo gemidos de placer mientras le lamía la oreja, la mejilla y el cuello, como describe la sentencia condenatoria del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa encargado del caso. Para zafarse, la víctima pellizcó en el brazo derecho al agresor, que intentó sujetarla para repetir la acción sin éxito. La taxista consiguió entonces entrar en su coche y, una vez dentro, vio como Manuel se ponía de espaldas a ella mientras orinaba y le profería afirmaciones obscenas.

El Tribunal Supremo (TS) confirmó en mayo la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, que a su vez había confirmado la del juzgado de Eivissa tras desestimar el recurso de apelación interpuesto por el acusado. Al taxista se le condena ahora a un año de cárcel y al pago de una indemnización de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil a la víctima. Así como a la pena accesoria de cumplir una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de cien metros del domicilio, el lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentre Maria. Una orden muy complicada de cumplir teniendo en cuenta que trabajan en el mismo sector y en el mismo municipio.

Trastorno depresivo y estrés postraumático

El proceso judicial comenzó cuando, dos días después de producirse los hechos, otra taxista acompañó a la afectada a denunciar. Tras el suceso ya había llamado inmediatamente pidiendo ayuda a dos compañeros suyos, “llorando y muy alterada” -describe la sentencia judicial- y con un cuadro de ansiedad que le dificultaba la respiración. La agresión también le causó, en los meses siguientes, trastorno depresivo y estrés postraumático, por los que necesitó atención psicológica. La somatización de este sinfín de sentimientos negativos hizo que aún tuviera que pagar una cuarta consecuencia física: un fuerte ataque de psoriasis que al principio no relacionó con el estado mental en el que estaba. Hasta que un dermatólogo se lo confirmó, cuenta la propia víctima alDiario.es. Sucedió justo en abril, a las compuertas de tener que incorporarse de nuevo al trabajo tras una baja de varios meses.

La primera resolución judicial es de julio de 2024, sin embargo, en marzo de este año, el agresor ha obtenido una licencia estacional de taxi para el mismo municipio en el que trabajaba y sigue trabajando con Maria. Todo esto, a pesar de que las bases reguladoras de la convocatoria para obtener el permiso subrayan que no se otorgará ninguna licencia a personas con antecedentes penales. Así figura en el apartado 3.1.7 de los requisitos desde que la Junta de Gobierno Local lo aprobara en diciembre de 2019.

La primera resolución judicial es de julio de 2024, sin embargo, en marzo de este año, el agresor ha obtenido una licencia estacional de taxi para el mismo municipio en el que trabajaba y sigue trabajando con Maria. Las bases reguladoras de la convocatoria para obtener el permiso subrayan que no se otorgará ninguna licencia a personas con antecedentes penales

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni denunció, tras conocerse la concesión de la licencia, la falta de actuación por parte del equipo de gobierno municipal del Partido Popular (PP). El Ayuntamiento ha explicado a elDiario.es que lleva meses en contacto con la víctima, quien remitió en junio a través de una instancia general las dos sentencias condenatorias de los órganos judiciales de Balears. Así como la providencia del Tribunal Supremo, que inadmite el recurso de casación interpuesto por el encausado.  

Sin herramientas para la inhabilitación

El Consistorio ha añadido, al ser preguntado por elDiario.es, que a la licencia fue concedida cuando aún no había una sentencia firme sobre el caso -al estar aún en marcha el proceso judicial- y que, además, no tienen, de momento, “posibilidad de interrumpirla”, a pesar de que han estudiado “todas las herramientas posibles”. Entre otras cosas, porque el Plan de actuación en transporte público de viajeros en vehículo turismo (autotaxis) para 2025 y 2026, aprobado el 22 de febrero en el BOIB, no contempla los antecedentes penales como motivo de inhabilitación. 

El Consistorio asegura que la licencia fue concedida cuando aún no había una sentencia firme sobre el caso y que, además, no tienen, de momento, 'posibilidad de interrumpirla', a pesar de que han estudiado 'todas las herramientas posibles'

Los servicios jurídicos municipales tampoco han encontrado -aseguran desde el Ayuntamiento- en la normativa estatal y europea ninguna disposición legal que les sirva para inhabilitar al taxista. Por otro lado, los antecedentes por cualquier tipo de delito tan sólo se generan una vez ha terminado por completo el procedimiento judicial, explica el abogado penalista Víctor Ballbé. En este caso, con la inadmisión del recurso de casación por parte del Supremo. El problema, han considerado desde la concejalía de Seguridad, es que por la vía judicial no se haya solicitado la pena accesoria de inhabilitación.

Fuentes socialistas han reprochado al equipo municipal que permita que el condenado siga prestando servicio, con una licencia pública, estando en contacto directo con la ciudadanía y con el turismo. También critican que el conductor vaya a disponer durante dos años seguidos de la licencia, trabajando con total impunidad mientras existe una sentencia condenatoria por un delito tan grave como es una agresión sexual. Han considerado, además, este hecho como una vulneración de “la seguridad y la confianza, en concreto, de las mujeres del municipio y de todos los usuarios del servicio de taxi”. La oposición ha reclamado al Ayuntamiento que revise de manera urgente los protocolos de concesión y renovación del carné municipal de conductor de taxi, con el fin de garantizar que ninguna persona con antecedentes penales, y especialmente por delitos sexuales, pueda ejercer en servicios públicos. 

Por su parte, la víctima ha señalado que en sus vehículos (como taxistas), y sobre todo durante la temporada turística, llevan casi siempre a personas en un estado “lamentable” a causa, casi siempre, del consumo de drogas y de alcohol. Lo que las dejaría totalmente desamparadas ante un intento de agresión sexual. “Yo lo que estoy luchando no lo hago por mí, porque en mi caso el daño ya está hecho, pero lo hago por todas las posibles víctimas que pueda haber en un futuro”, ha expresado al ser preguntada por elDiario.es.

Durante el pasado mes de septiembre, Maria puso dos denuncias porque, según afirma, el condenado se había saltado la orden de alejamiento. Un acto que no es delito en caso de tratarse de un encuentro casual y de que no haya un quebrantamiento deliberado -“con dolo”- de la orden, apunta Ballbé. Los encontronazos, que se han producido en distintas paradas de taxi habilitadas para descargar pasajeros, provocan un estado de nerviosismo a la taxista, quien recurre cada dos por tres a la Policía Local o a la Guardia Civil cuando esto sucede, sin que se haga nada más para que su situación cambie.