El Gobierno del Perú ha autorizado la asignación de S/291.600 para financiar la defensa legal del expresidente Ollanta Humala en el proceso penal relacionado con el Gasoducto Sur Peruano. Esta medida, gestionada por el Despacho Presidencial, tiene como objetivo cubrir los honorarios de abogados durante la etapa intermedia del juicio, donde Humala enfrenta acusaciones de colusión y asociación ilícita. La decisión se formalizó a través de la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, emitida el 19 de agosto por Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial. La solicitud de Humala fue presentada el 11 de agosto, invocando la normativa que permite a funcionarios y exfuncionarios acceder a defensa legal financiada con fondos públicos, incluso si el proceso penal se inicia tras el final de su mandato. La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial recomendó conceder este beneficio, argumentando que los hechos imputados ocurrieron durante su presidencia. La suma asignada cubrirá tareas de defensa técnica, asesoría procesal, análisis de antecedentes y acompañamiento a audiencias en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Ollanta Humala ya cumple una condena de 15 años de prisión por lavado de activos agravado, relacionado con aportes irregulares al Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011. En el caso del Gasoducto Sur Peruano, se le imputa la presunta comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, al haber favorecido al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del megaproyecto energético. Además, se ha informado que la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo ha iniciado una investigación preparatoria contra Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su tiempo como jefe militar en la base de Madre Mía en la década de 1990. Las acusaciones incluyen homicidio calificado y desaparición forzada de varias personas. Este caso se suma a otros procesos legales que enfrenta el exmandatario, quien continúa siendo un personaje central en la política peruana y en las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos.