España está “bajo presión migratoria” debido a “un número desproporcionado de llegadas tras las operaciones de búsqueda y rescate en el mar”, según el primer informe anual sobre la Gestión de la Migración, que el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, ha presentado este martes. De esta manera, España es elegible para acceder al Fondo de Solidaridad, que es la herramienta de la UE que permite a los países acceder a ayudas financieras o solicitar la reubicación de los solicitantes de asilo en otros Estados miembros. El Fondo de Solidaridad no es accesible hasta la aprobación del Pacto de Migración y Asilo, que se espera que entre en vigor en junio de 2026. En la misma posición de España, la de los países que necesitan más ayuda, están también Grecia, Chipre e Italia.

Ante un tema como la inmigración que ahora se ha convertido en un complejo debate político en todos los países europeos con la amenaza del ascenso de la ultraderecha, el comisario Brunner ha apuntado que “todos los Estados miembros están sintiendo la presión de la migración ilegal en diversas formas”, ante las posibles protestas de los países por la clasificación sobre la presión migratoria.

En el informe se constata “una mejora continua de la situación migratoria” con una disminución del 35% de la entrada de inmigración ilegal durante el período julio de 2024-junio de 2025. En el documento se apunta también como desafíos la presión continua de llegadas irregulares y movimientos no autorizados dentro de la UE, la acogida de refugiados de Ucrania, la utilización de la migración como arma por parte de Rusia y Bielorrusia y la cooperación en devoluciones y readmisiones.

Las proyecciones que recoge el documento para 2026 señalan una disminución adicional en las llegadas ilegales, en línea con la tendencia a la baja ya observada en la primera mitad de 2025. Según la Comisión, se esperan menos solicitudes de asilo por los acuerdos de la UE con los países de origen y tránsito, el aumento de las devoluciones, así como las actuaciones policiales contra las redes de contrabando de migrantes.

Brunner ha insistido en que “las tres tendencias principales que reflejan el informe son la presión de las llegadas de ilegales a lo largo de las rutas mediterráneas, el apoyo de los Estados miembros a Ucrania y sus ciudadanos de forma temporal y la amenaza de los sistemas de recepción sobrecargados o la utilización de la migración como arma”.

Otro grupo de países (Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia y Finlandia) están en riesgo de presión migratoria por el alto número de llegadas o la amenaza de la utilización de la migración como arma. Estos Estados miembros tendrán acceso prioritario a la Caja de Herramientas de Apoyo a la Migración de la UE.

Finalmente, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia se enfrentan a “una situación migratoria significativa” debido a las presiones de los últimos cinco años. Estos países tendrán la posibilidad de solicitar al Consejo que otorgue una deducción total o parcial de sus contribuciones al Fondo de Solidaridad para el próximo año.

Ante la decisión de Polonia o Hungría de no aceptar solicitantes de asilo de otros países, el comisario europeo ha recordado que “la solidaridad es flexible, no es obligatoria. Los Estados miembros también pueden elegir medidas alternativas a la reubicación. Polonia ha estado acogiendo a un gran número de beneficiarios de la protección temporal de Ucrania”. Brummer ha admitido que ni Polonia ni Hungría han presentado el plan de implementación migratorio.

Retraso en la publicación del informe

El informe se ha hecho público con un mes de retraso, cuando la Comisión tenía que haber presentado una evaluación sobre la presión migratoria por países y una propuesta sobre las cuotas de reparto para cada Estado miembro. Todavía se desconocen cuáles son las cuotas de reparto. Brunner ya dijo entonces tras la reunión con los ministros en Luxemburgo que no había posibilidad de que el pacto migratorio descarrile. Ahora bien, el comisarió admitió que el problema estaba en la propuesta de reparto de cuotas, donde había “detalles por discutir”, según informó Europa Press.

La falta de acuerdo respondía a los diferentes puntos de vista de dos bloques. Por un lado, el sur de Europa, países como España, Italia o Grecia por los que entran grandes contingentes de emigrantes, y que piden más solidaridad al resto de la UE y, por el otro, el norte europeo, que exige que los países del sur cumplan el Reglamento de Dublín (normativa de la Unión Europea que establece que el país de primera entrada en la UE es generalmente el responsable de esa solicitud de asilo).

Como alternativa se propuso que un fondo para que los países que no quieran asumir la cuota de acogida que les corresponda lo compensasen con dinero. Entonces, países como Bélgica, Finlandia o Países Bajos ya avisaron que no acogerían a los emigrantes reubicados desde otro país europeo y que aceptaban la vía del pago.