Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— La diputada Clara Paola Rosales propone una iniciativa para reformar el artículo 25 de la Ley de la Fiscalía General del Estado, a fin de reducir de 90 a 60 días naturales el plazo para incluir a una persona en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Yucatán.

La propuesta busca fortalecer el cumplimiento del derecho a recibir alimentos, particularmente para niñas, niños y adolescentes, y atender la violencia económica que enfrentan miles de mujeres en el estado.

Rosales señaló que la falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias “no es solo un tema económico, es una forma de violencia estructural que profundiza las desigualdades de género”. Agregó que esta situación “condena a miles de mujeres a sostener solas la carga del cuidado, el trabajo doméstico y la manutención de sus hijas e hijos”.

La legisladora explicó que, como ocurre en el resto del país, en Yucatán la mayoría de quienes sostienen el cuidado diario son mujeres, mientras que la mayoría de los deudores alimentarios son hombres. “Esa desigualdad tiene nombre y rostro”, afirmó. “Son madres que deben garantizar la alimentación, la salud, la educación y el bienestar emocional de sus hijas e hijos, sin posibilidad de postergar responsabilidades, mientras quienes incumplen pueden hacerlo durante meses sin consecuencia inmediata”.

Actualmente, la ley considera moroso a un deudor tras 90 días naturales de incumplimiento, un plazo que, dijo, ocasiona afectaciones graves: “Noventa días pueden significar que un niño deje de ir a la escuela, que una madre no pueda pagar la renta o que falte comida en la mesa. O peor aún, que tengan que endeudarse para comprar medicamentos o útiles escolares”.

Por ello, la diputada propuso reducir el plazo a 60 días. Aseguró que esta medida no es excesiva, sino que sigue el ejemplo de otras entidades que han implementado reformas similares como parte de una política de justicia sustantiva enfocada en la infancia y las mujeres.

“Garantizar el derecho a los alimentos no es un favor, es un deber constitucional y ético”, subrayó. “Hablar de justicia social implica hablar de equidad de género, de protección a la niñez y de poner en el centro la vida digna de quienes están en mayor vulnerabilidad”.

Asimismo, la iniciativa plantea fortalecer los mecanismos de responsabilidad y seguimiento para que quienes incumplen con sus obligaciones enfrenten consecuencias reales. “Estas medidas no buscan castigar —afirmó—, sino promover la responsabilidad, la reparación del daño y la corresponsabilidad familiar”.

Rosales destacó que la propuesta se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º constitucional, y forma parte de una lucha colectiva que desde hace años exige leyes “más justas, más sensibles y más humanas”. ( Noticaribe )