La crisis de inseguridad ciudadana en el Perú, marcada por el auge de las extorsiones telefónicas y estafas virtuales, ha impulsado una drástica medida legislativa: un proyecto de ley que busca sancionar hasta con cuatro años de prisión a los directivos de empresas de telecomunicaciones que permitan o no controlen la venta informal de chips en la vía pública. Esta práctica es señalada como el origen de un delito masivo, pues facilita que organizaciones criminales adquieran líneas sin verificación de identidad para extorsionar y coordinar actividades ilícitas.

Según el legislador Raymundo, la venta ambulatoria de chips, habitual en mercados, paraderos y terminales terrestres, ha contribuido directamente al aumento de las extorsiones. El proyecto establece que los directores, administradore

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