No es rápido ni fácil encontrar información sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Casi no lo es para una paciente, mucho menos para una periodista. Más allá de los pocos datos objetivos que publica el Ministerio de Sanidad o facilita la Consejería autonómica, encontrar a un profesional que se atreva siquiera a hablar de ello se convierte en una quimera para cualquiera con un mínimo de curiosidad. Es la herencia de un tabú social que se expande por la sanidad canaria generando miedos y estigma y que tiene repercusiones en la propia asistencia sanitaria. No en vano, a día de hoy casi la mitad de los ginecólocos y el 15% de los anestesiólogos isleños se han negado a practicar abortos a las pacientes que lo soliciten.

La situación es, sin embargo, dispar. En la provincia

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