El Gobierno argentino está ultimando los detalles de un decreto que transformará significativamente la Dirección Nacional de Migraciones. Este cambio incluye la creación de un nuevo organismo migratorio con capacidades operativas propias. La iniciativa tiene como objetivo dotar a esta área, que ha sido tradicionalmente administrativa, de herramientas para realizar detenciones en los ingresos al país, expulsiones y controles más rigurosos, tomando como modelo el sistema estadounidense.

Desde la Casa Rosada se aclara que no se trata de una nueva fuerza de seguridad, sino de un cuerpo especializado que coexistirá con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sin que haya superposición de funciones. Este proyecto es parte del acuerdo firmado por Javier Milei en julio con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que permite avanzar hacia el Programa Visa Waiver y establece exigencias en materia migratoria y aduanera.

El sistema estadounidense opera con organismos diferenciados: USCIS se encarga de los trámites migratorios; ICE se dedica a las detenciones e investigaciones por violaciones a la normativa; y CBP es responsable del control fronterizo. Este esquema es el que inspira la reforma en Argentina, en línea con las transformaciones que el Gobierno ya ha implementado en las fuerzas federales.

En julio, el Ejecutivo argentino modificó las estructuras de Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, tomando como referencia a la Guardia Nacional, la TSA, la Guardia Costera y el FBI. Dentro de este paquete, se oficializó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y se estableció la carrera de “Investigador del Delito para Profesionales”, redefiniendo el rol de la Policía Federal como agencia de investigación.

La PSA también ha recibido nuevas facultades, que incluyen tareas de prevención del delito en espacios digitales sin necesidad de autorización judicial y participación en la producción de inteligencia criminal. Además, se creó el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, que integra a PSA, Migraciones, Aduana y ANAC, con el fin de unificar criterios y elevar los controles en los aeropuertos.

La transformación migratoria no es un proceso nuevo. En mayo, un decreto endureció los criterios de ingreso y permanencia en el país, limitó la vigencia de la residencia precaria, habilitó rechazos en frontera y estableció prohibiciones de reingreso de al menos cinco años. También se introdujeron nuevas obligaciones de declaraciones juradas y reglas más estrictas para acceder a la salud pública, la educación y la residencia. Con este nuevo decreto, el Gobierno busca cerrar una reforma integral del sistema migratorio, alineándose con los estándares de seguridad utilizados por Estados Unidos mientras avanza hacia el Visa Waiver.