El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

Sánchez ha denunciado que la Comunidad de Madrid deriva más del 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, algo que considera "un derecho esencial convertido en negocio". "No lo vamos a permitir", ha asegurado.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores d

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