El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha puesto en marcha la “ mayor campaña” de vigilancia para frenar las “falsas rebajas” durante el Black Friday , los descuentos en el último viernes de noviembre y el siguiente lunes, conocido como Ciber Monday.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha adelantado que ya se están vigilando “miles de productos” para “evitar que las empresas se lucren con falsos descuentos”. Por ejemplo, ha mencionado que s e están analizando tanto “patrones oscuros”, como “los precios personalizados” o las “ventas bajo presión, diseñadas para tomar decisiones de compra con falsa sensación de urgencia”.  

También ha recordado que el “año pasado” su Ministerio puso en marcha “siete expedientes sancionadores , con multas de hasta 350.000 euros”.

La vigilancia ya se ha puesto en marcha “con bastante antelación”. “Llevamos semanas vigilando los precios”, ha asegurado el ministro. “No se puede construir un negocio con prácticas abusivas o ilegales, quien lo haga lo va a pagar”, ha recalcado en varias ocasiones. 

“El tiempo de la impunidad se ha acabado, esa sensación de falsa urgencia en la compra se ha expandido para multiplicar el lucro. Son prácticas abusivas”, ha argumentado.

¿Qué se va a vigilar? Por ejemplo, los conocidos como precios dinámicos, que van aumentando en las diferentes fases del proceso de compra; o por goteo, que en función de lo que se contrate suponen una factura más elevada que la anunciada al principio del proceso por la empresa. También, los precios personalizados, que tienen en cuenta información que ha facilitado el consumidor, por ejemplo, búsquedas previas de un producto, que indican una voluntad de compra. Además, como en otras ocasiones, se vigilará si los descuentos son reales o se ha subido el precio, días antes del Black Friday, para bajarlo en esa jornada y anunciarlo como descuento.

Rechaza cambiar las indemnizaciones de Renfe

El ministro de Consumo también ha criticado la  enmienda aprobada en el Congreso el jueves, que exigía a Renfe elevar las indemnizaciones por retrasos en alta velocidad y que esta misma mañana ha rechazado el responsable de Transportes, Óscar Puente, que ha dudado de su constitucionalidad .

“Es difícil de entender que operadores privados que ha venido a España a explotar la alta velocidad con un esfuerzo inversor del Estado gigantesco tengan mejores condiciones que el operador público”, ha asegurado Pablo Bustinduy. “Solo se entiende con una visión de que lo público se encarga la inversión y el ámbito privado, de extraer los beneficios, como se ha visto en otras privatizaciones, como en el sector sanitario o las telecomunicaciones”. “Puente tiene toda la razón”, ha añadido.

En cuanto a la decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción a España por restringir la libertad de las aerolíneas respecto al cobro de las maletas de pago en cabina, Bustinduy ha adelantado que lo “dirimirá el Tribunal de Justicia de la UE”. “Es incomprensible que en un conflicto entre el modelo de negocio de un puñado de multinacionales y los derechos de los consumidores se haya posicionado en favor de las aerolíneas. Nuestra obligación es defender los derechos de los consumidores españoles, con todo el rigor y siguiendo la ley”.