El régimen cubano se niega a declarar formalmente el estado de emergencia , aunque la isla enfrenta un colapso total: desde una crisis económica profunda y la epidemia del dengue, hasta los daños devastadores del huracán Melissa.

A pesar de que la ley lo permite, la decisión de no activarla es puramente política. Si el régimen lo hiciera, tendría que reconocer públicamente la magnitud del desastre y, lo que es más importante, someterse a supervisión. Al no hacerlo, mantiene un control absoluto sobre el país, ignorando la grave situación de la población.

La legislación cubana permite al presidente declarar esta medida ante "desastres naturales o catástrofes." De adoptarse, el poder pasaría al Consejo de Defensa Nacional, un órgano militar. En teoría, esto daría al régimen poderes enorme

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