El alcalde del municipio de Remolinos (Zaragoza), el socialista Alfredo Zaldívar, ha puesto este miércoles en entredicho el último informe de la UCO de la Guardia Civil, que dentro del caso Koldo sostiene que el Ayuntamiento autorizó hace siete años a la UTE Acciona-Servinabar el uso de una parcela municipal para depositar material los excedentes de la Mina Muga. Para lograr este fin, los implicados en la presunta trama de corrupción habrían intermediado con cargos autonómicos del PSOE aragonés. El regidor sostiene, sin embargo, que el Consistorio “nunca ha concedido ni tramitado autorización alguna” a la empresa investigada, porque además no es de competencia municipal sino estatal y autonómica.

La existencia de esta autorización es clave, porque la UCO basa en su aprobación por la corporación zaragozana el éxito de la supuesta “intermediación” del exasesor Koldo García con “cargos públicos” aragoneses para que el Ayuntamiento de Remolinos concediera este permiso; en concreto, para “el uso de un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por el proyecto Mina Muga”. Un visto bueno que se incorporaría a la documentación al ser la existencia de depósito un requisito necesario para que la explotación minera obtuviera los permisos.

En un comunicado en nombre del Ayuntamiento, el primer edil apunta de hecho que trasladó “personalmente” a Alfonso Gómez [Gámez, portavoz adjunto del PSOE en Zaragoza capital y entonces director general de Minas del Gobierno de Aragón], Alfonso Martínez [ingeniero] y a representantes de Acciona“ que la corporación no tenía ”capacidad“ para hacerlo. ”El alcalde (les) informó con total claridad de los límites competenciales del Consistorio“, insiste Zaldívar.

En el informe de la UCO hay una fecha en la que se habría otorgado la supuesta autorización: el 8 de mayo de 2018. Sin embargo, el primer edil lo desmiente y deja en entredicho lo apuntado en la documentación: “El Ayuntamiento de Remolinos nunca ha concedido ni tramitado autorización alguna a la UTE Acciona-Servinabar, puesto que dichas competencias recaen exclusivamente en los órganos estatales y autonómicos responsables. Cualquier documento que afirmara lo contrario sería completamente falso”.

Zaldívar también niega haber “recibido llamada alguna relacionada con este asunto” ni por el entonces presidente Javier Lambán ni por el máximo responsable de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y también descarta haber “mantenido comunicación de ningún tipo con ellos respecto a materias mineras o vinculadas a la UTE implicada”.

El martes, tras trascender la noticia sobre el informe de la UCO, Zaldívar aseguró a este periódico que la Guardia Civil no se había puesto en contacto con el Ayuntamiento para confirmar la existencia de la mencionada autorización.

Reacciones de los partidos

Este miércoles, la secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha afirmado al respecto del informe de la UCO: “Nadie estamos libres de que alguien nos haya nombrado en alguna reunión”. La dirigente de los socialistas zaragozanos ha llamado la atención sobre “la circunstancia general de indefensión” y ha reclamado “que se acaben las especulaciones” porque “se hace daño y se genera confusión”, insistiendo en “la indefensión de los que desempeñamos honestamente un cargo público”.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha reclamado al PSOE “todo tipo de explicaciones” sobre el caso Koldo. “Hay una trama de corrupción socialista del 2% que tiene su epicentro en los más altos cargos del PSOE y que se valía de cargos en algunas comunidades autónomas, por desgracia en Aragón para poder tramitar algunos proyectos”.

“La explicación que ha dado de que ese informe de la Guardia Civil, de la UCO, no tipifica delitos, es tratarnos a los aragoneses como tontos”, ha apuntado Azcón, para quien “el informe de la Guardia Civil lo que hace es describir hechos, no tipificar los delitos”.

Y también ha terciado la alcaldesa de Zaragoza, la también popular Natalia Chueca, que ha informado de que el PP presentará una moción para el pleno ordinario de este mes de noviembre para que el PSOE dé explicaciones y “haga públicos los informes que han estado investigando en el Partido Socialista, donde dicen que este señor –Gómez Gámez– no está vinculado a la trama de corrupción de Koldo, Ábalos y Cerdán, y fruto de los cuales lo han vuelto a restituir como portavoz adjunto”. Precisamente recuperó su puesto como número dos en el grupo socialista en el pleno del pasado mes de octubre, después de estar apartado unos meses por la aparición de su nombre en otro informe de la UCO sobre este mismo asunto.