El Tribunal Supremo ha dictado una condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Sala II del Tribunal Supremo, en una decisión adoptada por mayoría, ha impuesto a García Ortiz una inhabilitación especial de dos años para ejercer como fiscal general. Además, se le ha sancionado con una multa de 12 meses, estableciendo una cuota diaria de 20 euros. Asimismo, el tribunal ha ordenado que García Ortiz indemnice a González Amador con 10.000 euros por daños morales. Esta condena marca un hito significativo en la carrera del fiscal general, quien se enfrenta a serias repercusiones por su conducta. La decisión del Tribunal Supremo se produce en un contexto de creciente atención sobre la protección de la privacidad y los derechos de las personas en el ámbito judicial. La revelación de secretos ha sido un tema candente en la política española, y este fallo podría tener implicaciones más amplias en la confianza pública hacia las instituciones. Se espera que la noticia continúe desarrollándose, ya que se analizan las posibles repercusiones de esta condena en el futuro de García Ortiz y en la relación entre la fiscalía y la política en España.